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La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares tras una extensa sesión que se prolongó por más de once horas y que estuvo marcada por tensiones políticas, cuestionamientos ambientales y un fuerte respaldo del oficialismo junto a bloques aliados.
La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, resultado que permitió al Gobierno avanzar con una modificación clave en materia de regulación ambiental y explotación de recursos. Para alcanzar la mayoría, el oficialismo contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y distintos espacios provinciales.
El proyecto redefine los alcances de protección de los glaciares y zonas periglaciales, al tiempo que flexibiliza condiciones para el desarrollo de actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería. Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma busca “armonizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico”, mientras que la oposición advirtió que podría implicar una “regresión en la protección de recursos estratégicos”.
El debate se desarrolló en un clima de alta intensidad política, con múltiples intentos de la oposición por introducir otros temas en la agenda mediante apartamientos de reglamento, todos rechazados por la mayoría oficialista.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presencia de Karina Milei en uno de los palcos del recinto durante el tramo final del debate, lo que fue interpretado como una señal de respaldo político al tratamiento de la ley.
Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz defendió la iniciativa al asegurar que no se afecta el principio de protección ambiental y que se otorgan mayores herramientas a las provincias para gestionar sus recursos. En la misma línea, otros legisladores remarcaron la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones y fortalecer las economías regionales.
Por el contrario, desde la oposición surgieron duras críticas. Legisladores de distintos bloques señalaron que la reforma es “regresiva e inconstitucional”, y advirtieron sobre posibles impactos negativos en el ambiente y en el acceso al agua. También cuestionaron que se deleguen facultades a las provincias sin suficientes controles nacionales.
La discusión incluyó además advertencias sobre una eventual judicialización de la norma, impulsada por sectores que consideran que vulnera principios establecidos en la legislación vigente desde 2010.
Con la sanción definitiva, la reforma abre una nueva etapa en la política ambiental y productiva del país, en un contexto donde el equilibrio entre desarrollo económico y protección de recursos naturales vuelve a instalarse en el centro del debate público.
