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La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un escenario atravesado por fuertes restricciones en la participación y tensiones políticas y judiciales.
El esquema definido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) limita la exposición a solo 400 personas de las cerca de 100 mil que se inscribieron para opinar sobre la iniciativa aprobada por el Senado. De ese total, 200 podrán participar de manera presencial este miércoles, mientras que otros 200 lo harán el jueves bajo modalidad virtual.
El resto de los inscriptos deberá conformarse con enviar su postura por escrito o mediante un video, lo que generó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones sociales.
Un esquema restrictivo
Las audiencias se desarrollarán entre las 10 y las 19, con exposiciones de un máximo de cinco minutos por orador, lo que obligará a las autoridades a mantener un estricto control del tiempo para cumplir con el cronograma previsto.
La organización quedó a cargo de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes además dispusieron que solo puedan asistir los 66 diputados integrantes de ambas comisiones y dos asesores por bloque, restringiendo también la presencia dentro del recinto.
Desde la oposición —principalmente el peronismo, la izquierda y Provincias Unidas— cuestionaron el formato y pidieron extender la cantidad de jornadas para permitir una mayor participación, aunque el oficialismo decidió mantener el cronograma original del 25 y 26 de marzo.
Reclamos judiciales en curso
El debate legislativo también se trasladó a la Justicia. Un primer planteo para suspender las audiencias fue rechazado por el juez Enrique Regeuira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, quien consideró que no se acreditaron elementos suficientes para frenar un acto parlamentario.
En su resolución, el magistrado sostuvo que no se logró demostrar “la verosimilitud del derecho” necesaria para dictar una medida cautelar y remarcó la presunción de validez de las decisiones del Congreso.
Sin embargo, aún permanece sin definición otra presentación judicial impulsada por organizaciones ambientalistas, que podría impactar en el desarrollo del proceso.
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Presión de organizaciones ambientalistas
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron a la Justicia que se garantice la participación oral de todos los inscriptos en las audiencias.
El planteo recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien todavía no se expidió sobre el pedido.
Las organizaciones consideran que las limitaciones impuestas por el oficialismo afectan el derecho a la participación ciudadana en un debate de alto impacto ambiental y social.
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