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El inicio de 2026 encuentra al sector de la construcción en Misiones atravesando uno de los momentos más complejos de los últimos años. Con la obra pública prácticamente detenida y una inversión en infraestructura en mínimos históricos, las empresas del rubro enfrentan un escenario marcado por la incertidumbre, la falta de financiamiento y un cambio estructural en el rol del Estado.
Así lo describió Oscar Marelli, titular de la delegación Misiones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), durante una entrevista en Radio Up, donde analizó el panorama actual del sector, el rol del Estado nacional y provincial y las consecuencias que tiene la retracción de la obra pública sobre la economía y el desarrollo de la provincia.
En ese contexto, Marelli fue contundente al señalar que la actividad vinculada a la inversión pública atraviesa un período de estancamiento profundo, que en términos reales se arrastra desde mediados de 2023 y que hoy se profundiza con un cambio en la política nacional respecto al financiamiento de infraestructura.
Obra pública paralizada y con mínima inversión
Según explicó el titular de CAMARCO Misiones, el escenario actual está condicionado principalmente por la retracción del Estado nacional en materia de obra pública. Tradicionalmente, explicó, la inversión en infraestructura en Argentina se sostiene sobre dos grandes pilares: el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Sin embargo, en el caso del Estado nacional, la actual política económica apunta a reducir al mínimo la inversión directa en obras, con algunas excepciones puntuales vinculadas a proyectos estratégicos o ya iniciados.
En el caso de Misiones, Marelli señaló que algunos proyectos específicos comienzan lentamente a reactivarse, como la travesía urbana de Posadas o determinadas líneas de infraestructura eléctrica. No obstante, aclaró que se trata de casos aislados dentro de un panorama general de paralización.
En paralelo, a nivel nacional también se avanza con procesos de licitación para concesiones de peajes en rutas nacionales, lo que forma parte de un modelo basado en concesiones privadas más que en inversión directa del Estado.
Pero más allá de esas iniciativas, el diagnóstico del sector es claro: la inversión nacional en obra pública cayó de manera drástica.
El impacto en vivienda y obras de infraestructura
Uno de los sectores más afectados por esta retracción es el de la vivienda social. Según explicó Marelli, el gobierno nacional decidió retirarse prácticamente de los programas habitacionales, dejando el déficit habitacional en manos de las provincias o del sector privado.
Durante años, el Estado nacional fue uno de los principales motores de la construcción de viviendas en el país. Esa inversión permitía sostener empleo, movilizar la industria de materiales de construcción y responder a una demanda estructural de acceso a la vivienda.
Hoy, ese esquema prácticamente desapareció.
En consecuencia, la resolución del déficit habitacional queda supeditada a las capacidades financieras provinciales o al desarrollo de proyectos privados, algo que en muchas jurisdicciones resulta difícil de sostener.
La situación no es muy diferente en otros ámbitos de la infraestructura pública. Hospitales, escuelas, redes de agua potable, cloacas, rutas y caminos forman parte de obras que históricamente dependían de financiamiento nacional y que hoy quedaron mayormente bajo responsabilidad provincial.
Provincias con recursos limitados
En este nuevo escenario, los gobiernos provinciales enfrentan sus propias limitaciones presupuestarias.
Marelli explicó que las provincias deben administrar sus recursos principalmente a partir de la coparticipación federal y de ingresos propios, lo que obliga a priorizar gastos esenciales, como salarios estatales, funcionamiento del Estado y mantenimiento de servicios básicos.
Esto deja muy poco margen para grandes obras de infraestructura.
En el caso de Misiones, el dirigente empresarial señaló que el gobierno provincial continúa ejecutando algunas obras, aunque en una escala muy inferior a la que se registraba años atrás.
La mayoría de los trabajos actuales están vinculados a mantenimiento y refacciones menores, especialmente en escuelas y edificios públicos.
En ese marco, la obra pública provincial se mantiene activa, pero con proyectos de baja escala.
Una caída histórica de la inversión
Para dimensionar el retroceso, Marelli comparó el escenario actual con los niveles de inversión de años anteriores.
Si se toma como referencia el período previo a la caída —entre 2022 y principios de 2023— el volumen actual de inversión en obra pública representa apenas entre el 10% y el 20% de lo que se ejecutaba en ese momento.
Incluso dentro de 2023, explicó, el sector ya había comenzado a experimentar una fuerte desaceleración desde mediados de año, cuando muchas obras empezaron a ralentizarse o detenerse.
Hoy el nivel de actividad es extremadamente bajo.
Para las empresas constructoras, esto se traduce en menos proyectos, menos empleo y menor movimiento económico en toda la cadena del sector.
Infraestructura y desarrollo
Más allá de la coyuntura, Marelli remarcó que la inversión en infraestructura es un factor clave para el desarrollo económico y social.
Desde su perspectiva, las obras públicas no solo generan empleo y dinamizan la economía regional, sino que además constituyen la base del crecimiento de las ciudades y las provincias.
Las redes de agua potable, los sistemas cloacales, la infraestructura eléctrica y los caminos son elementos indispensables para el desarrollo productivo, la integración territorial y la mejora de la calidad de vida de la población.
Por eso, desde el sector consideran fundamental que en algún momento se revierta el actual proceso de desfinanciamiento de la infraestructura pública.
Expectativa y diálogo con el gobierno provincial
A pesar del panorama complejo, desde la Cámara Argentina de la Construcción en Misiones mantienen un diálogo permanente con el gobierno provincial.
Según explicó Marelli, existe preocupación en las autoridades por la caída de la inversión en obra pública y por el impacto que esto genera en la actividad económica.
En ese sentido, el sector empresarial entiende que la provincia está buscando alternativas de financiamiento para poder sostener parte de la inversión en infraestructura.
Sin embargo, el margen es limitado y depende en gran medida de la evolución de la economía nacional y de la disponibilidad de recursos.
Mientras tanto, la construcción en Misiones transita un 2026 marcado por la cautela, con pocas obras en marcha y con la expectativa de que, en algún momento, la infraestructura vuelva a ocupar un lugar central en la agenda pública.
La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y ordenó la liquidación de la empresahttps://t.co/5h1fT9wI5O pic.twitter.com/mvPlYHgdJ7
— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 5, 2026
