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Este jueves 5 de marzo a las 10:30 horas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizará frente al Ministerio de Salud de la Nación, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y por las demoras en los pagos de Incluir Salud y PAMI, que —según denunciaron— ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones y vulneran derechos fundamentales.
En diálogo con Radio Up, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, describió un escenario “muy grave” desde el punto de vista económico-financiero para los prestadores de servicios que atienden a personas con discapacidad en todo el país.
Demoras de hasta cuatro meses y riesgo en la continuidad de prestaciones
Molero detalló que una gran mayoría de instituciones que trabajan con beneficiarios del programa Incluir Salud —históricamente bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— aún no cobraron el mes de octubre, acumulando ya tres meses de atraso y a punto de ingresar en un cuarto mes sin ingresos.
A esta situación se suma que el PAMI abonó por última vez en noviembre, mientras que las obras sociales mantienen plazos habituales de pago de entre 60 y 90 días o más. “Si sos un prestador al que le tocó todo eso junto, no te entró un peso”, graficó Molero, quien remarcó que muchas instituciones debieron afrontar salarios, vacaciones y aguinaldos sin haber recibido los fondos correspondientes.
El impacto es directo: hay entidades que ya evalúan cerrar algunos días o reducir horarios de atención ante la imposibilidad de sostener los costos operativos. “Las instituciones hacen todo el esfuerzo, pero llega un momento en que ya no se puede más”, advirtió.
Incluir Salud: fondos devueltos y cuestionamientos por ejecución presupuestaria
Uno de los puntos más sensibles del reclamo tiene que ver con la ejecución de recursos. Según explicó Molero, al finalizar el año pasado el programa Incluir Salud habría devuelto a Rentas Generales alrededor de 30 mil millones de pesos sin ejecutar, pese a que existían compromisos de pago pendientes.
“Si devolviste dinero y no pagaste, algo se hizo mal”, sostuvo el coordinador del Foro, quien recordó que en noviembre se había asegurado que octubre y noviembre serían abonados con recursos del ejercicio anterior, algo que finalmente no ocurrió en gran parte de los casos.
El traspaso de competencias hacia el Ministerio de Salud y la creación de nuevas estructuras administrativas no exime —según el planteo— la obligación del Estado de cumplir con quienes brindaron servicios. En ese marco, Molero confirmó que la semana pasada se presentó una nota formal al ministro, sin obtener respuesta hasta el momento.
Problemas en la entrega de medicamentos y denuncias de fraude
La crisis no se limita a los pagos. Molero alertó también sobre dificultades en la entrega de medicamentos dentro de Incluir Salud, situación que se habría agravado tras denuncias e investigaciones por presuntas irregularidades.
La consecuencia es que personas con discapacidad no estarían recibiendo en tiempo y forma la medicación que necesitan de manera habitual. “Esto genera una situación muy grave”, enfatizó, al señalar que muchos tratamientos son indispensables para sostener la calidad de vida y la estabilidad clínica.
Nueva pensión por discapacidad y auditorías “uno a uno”
Otro de los ejes abordados en la entrevista fue la implementación de la nueva pensión por discapacidad, que —según lo establecido por la normativa— ya no estaría vinculada exclusivamente a la incapacidad laboral, sino a la combinación de discapacidad y situación de pobreza.
El proceso implica el traspaso de pensiones existentes a esta nueva categoría. Si bien en principio no requeriría trámites por parte de los beneficiarios, el Foro manifestó preocupación por eventuales exclusiones o dificultades administrativas que puedan surgir durante las auditorías, que actualmente se realizan “uno a uno”.
“Esperemos que no sea una manera de encontrarle dificultades a la gente”, planteó Molero, recordando que en los últimos años las revisiones de pensiones fueron motivo de fuerte debate social.
Aranceles desactualizados y deuda acumulada
La discusión también alcanza a los aranceles. Según explicó el referente, los últimos aumentos se calcularon sobre una base correspondiente a diciembre de 2023, sin reconocer plenamente el desfasaje entre inflación y actualizaciones tarifarias acumuladas durante 2024.
“Se están dando aumentos sobre una base retrasada”, afirmó, lo que —a su entender— prolonga una deuda generada en la actual gestión. En ese sentido, comparó la situación con el discurso oficial sobre la necesidad de honrar deudas externas: “Cuando se paga menos de lo que corresponde, los prestadores le están prestando dinero al Estado”.
Responsabilidades nacionales, provinciales y municipales
Molero también subrayó que, si bien la movilización apunta al Ministerio de Salud como autoridad nacional competente en Incluir Salud, existen responsabilidades compartidas en materia de discapacidad.
Gobernadores e intendentes deben garantizar políticas de accesibilidad, salud, educación e inclusión en sus respectivas jurisdicciones. “Los ciudadanos necesitan soluciones en el lugar donde viven”, sostuvo, remarcando que la problemática no puede abordarse únicamente desde la órbita nacional.
Movilización del 5 de marzo: reclamo por dignidad y cumplimiento de derechos
La convocatoria de este jueves busca visibilizar una situación que el Foro considera crítica. “Si a alguien no le pagan cuatro meses su sueldo, ¿cómo hace para vivir?”, interpeló Molero durante la entrevista, al tiempo que rechazó que el reclamo sea partidario y lo enmarcó en la defensa de derechos.
Desde el Foro Permanente insisten en que la emergencia en discapacidad no es una consigna abstracta, sino una realidad que afecta a miles de personas y a las instituciones que sostienen tratamientos, rehabilitación y acompañamiento cotidiano.
La expectativa ahora está puesta en la respuesta oficial. Mientras tanto, la movilización frente al Ministerio de Salud se presenta como una instancia clave para exigir el cumplimiento de la ley, la regularización de pagos y la garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
Evaluaciones diferenciales de autismo: IPS y Socialmentik firmaron un convenio para diagnósticos precoces y certeros https://t.co/IefAIxCYPT pic.twitter.com/rE4OvSwvjk
— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 4, 2026
