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Marcos Contreras, presidente de la Asociación Civil Defender, apuntó contra el accionar del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la Defensoría del Pueblo en medio de la ola de reclamos a SAMSA por las facturas del servicio de agua en Posadas. Sostuvo en Radio UP que estos organismos "cobran presupuestos millonarios y no dan ninguna respuesta".
Desde hace días, las oficinas de SAMSA se ven arrebatadas de vecinos que reclaman por aumentos que consideran desmedidos en relación a su consumo histórico. La situación escaló al punto de que el propio EPRAC y la Defensoría del Pueblo salieron a dar explicaciones, algo que según Contreras no había ocurrido durante todo el verano, cuando los problemas también eran graves.
"Durante todo el verano los vecinos se manifestaron por distintas cuestiones, siendo el punto más álgido del año, y ni siquiera aparecieron ante las quejas", recordó Contreras a este medio. Explicó que la pasividad de los organismos evidencia una falla de fondo en el sistema de control. "Los organismos están figurados". Y cuestionó que algunos funcionarios digan que necesitan que la gente se acerque para actuar. "Con el presupuesto que tienen, parece que no tienen la posibilidad de ir a buscar el problema y preveerlo", agregó.
Apuntaron a las cláusulas de los convenios que firman los usuarios
Contreras insistió en que la función del Estado es justamente prevenir este tipo de crisis. "Ellos existen para prever esto", precisó. Y advirtió que tarde o temprano "van a tener que salir a caminar y poner la cara frente al vecino".
El dirigente también apuntó contra las cláusulas de los convenios que firman los usuarios con la empresa. "Si vos no tuviste servicio por el motivo que fuese, no te pueden cobrar lo mismo que el mes anterior, tiene que haber una compensación", sostuvo. Y dijo que la empresa "sigue ganando, sigue ganando a costilla del usuario", ya sea por consumos que no existieron o por multas que considera abusivas.
Consultado sobre si evalúan acciones judiciales, Contreras explicó que por ahora apuestan a otra estrategia. "Ir por la vía judicial sería darle la posibilidad al organismo de que te diga 'andá a discutir al expediente' y la cosa se enfría por años", advirtió. En cambio, están facilitando que cientos de vecinos hagan denuncias formales para presionar por respuestas concretas.
"Esto es la punta del iceberg", sentenció. Y como prueba de ello mencionó la rápida reacción de las instituciones en los últimos días. "Prueba de ello es la rápida respuesta que estamos teniendo a excusas que dan desde las distintas instituciones que tienen que intervenir", dijo, en referencia a que recién se mueven cuando el reclamo social ya es imposible de ignorar.
Cifras que explican la magnitud del reclamo
La asociación recibió alrededor de seis mil consultas en los últimos meses, entre 2025 y lo que va de 2026. Solo esta semana presentaron un reclamo formal ante el EPRAC con 200 firmas, y por día reciben entre 80 y 120 mensajes de vecinos que quieren sumarse. "A todos les decimos lo mismo, tenemos que llevarlo a la vía concreta, tenemos que plasmarlo, porque si no van a seguir diciendo que acá no pasa nada", explicó Contreras.
El dirigente también cuestionó los convenios que firman los usuarios, muchas veces en situaciones de angustia. "Hay una leyenda que dice que con eso SAMSA considera agotada la vía administrativa y puede iniciar juicio por vía ejecutiva sin intervención de otro organismo", denunció. Y señaló que el EPRAC debería intervenir siempre antes de eso, algo que no ocurre.
"La ley es clara, pero se está desconociendo, se está permitiendo. Eso es leónico, es abusivo, no debería ser así", cerró.
