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La conflictividad laboral en la Argentina se profundizó de manera sostenida durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei y Misiones quedó claramente expuesta dentro de ese escenario. El relevamiento, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizó conflictos registrados entre enero de 2024 y febrero de 2026. Muestra un mercado de trabajo atravesado por despidos, cierres de empresas, suspensiones y crisis productivas, con un impacto directo sobre el empleo y las economías regionales.
En ese período se contabilizaron al menos 717 conflictos laborales en todo el país, un volumen que refleja la magnitud de las tensiones generadas por el ajuste fiscal, la apertura importadora, la caída del consumo interno y la redefinición del rol del Estado. Lejos de disminuir, los conflictos se intensificaron con el correr de los meses y mostraron un salto significativo tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.
Misiones, entre las provincias más golpeadas
Dentro del mapa nacional de la conflictividad laboral, Misiones ocupa un lugar destacado. Según el informe, la provincia concentra el 6,7% de los conflictos relevados a nivel país, ubicándose entre las siete jurisdicciones con mayor cantidad de casos, junto a Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Corrientes.
Este dato no es menor: Misiones supera a varias provincias de mayor tamaño y refleja un deterioro sostenido del mercado laboral provincial, especialmente en sectores vinculados a la industria, el comercio y las economías regionales. El informe advierte que los conflictos se registraron en las 24 jurisdicciones del país, pero con una clara concentración territorial que expone desigualdades productivas y sociales.
La industria, epicentro de la conflictividad
A nivel nacional, el sector industrial explicó más del 60% de los conflictos laborales registrados en los últimos dos años. Dentro de ese universo, las ramas más afectadas fueron la textil, la alimenticia, la metalúrgica y la siderúrgica, golpeadas por la apertura de importaciones, la competencia externa y la caída de la demanda interna.
En Misiones, el informe pone especial énfasis en la crisis de la industria yerbatera. La pérdida de rentabilidad, los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la falta de respuestas estructurales derivaron en la decisión de frenar la cosecha “hasta nuevo aviso”. Esta medida impactó de lleno en toda la cadena productiva: productores, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad y el empleo rural.
A esto se suman conflictos en la industria manufacturera, con despidos, suspensiones y reducción de turnos en plantas industriales, lo que incrementó la incertidumbre laboral en distintas localidades de la provincia.
Despidos, el principal detonante
El dato más contundente del relevamiento es que casi dos tercios de los conflictos laborales tuvieron como causa principal los despidos. En segundo lugar aparecen los cierres de empresas, seguidos por suspensiones y situaciones de crisis empresaria, que incluyen pagos parciales de salarios, atraso en haberes y reducción de jornadas.
Este fenómeno se vincula directamente con la pérdida de empleo registrado a nivel nacional durante el período analizado. La destrucción de puestos de trabajo formales explica la multiplicación de reclamos, protestas y medidas de fuerza, especialmente en sectores con menor capacidad de absorción del ajuste.
En Misiones, los despidos se combinaron con cierres definitivos o temporales de establecimientos, afectando tanto a pymes como a empresas de mayor escala, con fuerte impacto social en comunidades donde el empleo industrial es un sostén central.
Pyme, las más afectadas
El informe también deja en evidencia que las pequeñas y medianas empresas fueron las más golpeadas por la conflictividad laboral. Casi cuatro de cada diez conflictos se produjeron en pymes, seguidas por conglomerados de capital extranjero y grandes empresas.
La mayoría de los conflictos involucró a firmas de capital nacional, lo que refuerza la idea de que el nuevo esquema económico impactó con mayor dureza sobre el entramado productivo local. En Misiones, donde las pymes tienen un peso determinante en el empleo, esta situación profundizó la fragilidad del mercado laboral.
Un salto después de las elecciones
Uno de los datos más sensibles del informe es el aumento de la conflictividad tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. Hasta septiembre de ese año, el promedio era de 24 conflictos mensuales. Desde entonces, la cifra se disparó a 42 casos por mes, evidenciando un recrudecimiento del conflicto social y laboral.
Este cambio de ritmo refleja un escenario de mayor tensión, con menor capacidad de contención y un horizonte de incertidumbre para trabajadores y empresas.
Un escenario crítico para el empleo misionero
Para Misiones, el informe funciona como una radiografía del impacto social del nuevo rumbo económico. La combinación de crisis industrial, debilitamiento de las economías regionales, caída del consumo y apertura importadora derivó en un aumento sostenido de la conflictividad laboral, con consecuencias directas sobre el empleo, los ingresos y la cohesión social.
Lejos de tratarse de episodios aislados, los datos muestran un patrón persistente que atraviesa sectores estratégicos de la provincia. Con despidos en alza, cierres de empresas y conflictos abiertos, Misiones se consolida como uno de los territorios donde el costo laboral y social del ajuste se siente con mayor crudeza.
