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El Poder Ejecutivo nacional confirmó el pago de un Bono Extraordinario Previsional que se abonará durante febrero de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales administradas por ANSES. La medida quedó formalizada a través del Decreto 65/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra Sandra Pettovello.
El bono tendrá un monto máximo de $70.000 y está dirigido especialmente a los adultos mayores de menores ingresos, en el marco de una política de compensación por los efectos negativos que dejó la anterior fórmula de movilidad jubilatoria.
La normativa establece que el beneficio será otorgado por única vez y tendrá carácter no remunerativo, sin posibilidad de descuentos ni impacto en otros conceptos previsionales.
Quiénes cobran el bono extraordinario de febrero
De acuerdo con el decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a los siguientes grupos:
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Jubilados y pensionados del sistema contributivo a cargo de ANSES, bajo la Ley 24.241 y regímenes nacionales anteriores.
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Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
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Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
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Beneficiarios de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.
El texto aclara que, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos del cobro del bono. Además, para acceder al beneficio, las prestaciones deberán encontrarse vigentes en el mes de liquidación, es decir, febrero de 2026.
Cómo se define el monto del bono
El decreto fija un esquema escalonado según el nivel de ingresos previsionales:
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Quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo jubilatorio garantizado cobrarán el bono completo de $70.000.
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Aquellos que superen el haber mínimo recibirán un monto variable, equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante del haber mínimo más el bono máximo.
En términos prácticos, esto significa que nadie podrá cobrar, entre jubilación y bono, un total superior al haber mínimo más los $70.000, funcionando el refuerzo como un complemento hasta ese límite.
El trasfondo de la medida
En los considerandos del Decreto 65/2026, el Gobierno sostiene que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 generó un fuerte deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados, especialmente en los sectores de menores ingresos. Por ese motivo, desde enero de 2024 se implementaron distintas ayudas económicas mensuales.
Posteriormente, mediante el Decreto 274/2024, se modificó el esquema de actualización jubilatoria, pasando a un sistema de ajuste mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con vigencia desde julio de 2024.
El bono de febrero aparece como una compensación adicional, orientada a sostener el ingreso real de los adultos mayores frente al impacto acumulado de la inflación y los desfasajes del sistema anterior.
Un refuerzo que no genera descuentos ni afecta otros beneficios
Otro punto central del decreto es que el Bono Extraordinario Previsional:
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No será computable para ningún otro concepto.
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No podrá ser objeto de descuentos.
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No tiene carácter remunerativo.
ANSES quedó facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias, así como para administrar el pago, controlar la correcta liquidación y recuperar eventuales percepciones indebidas.
Por su parte, la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar los fondos.
Impacto directo en los haberes más bajos
El refuerzo de hasta $70.000 apunta directamente a quienes cobran la jubilación mínima y a los titulares de pensiones sociales, sectores que vienen registrando mayores dificultades para sostener su capacidad de compra.
Con este esquema, el Gobierno busca amortiguar el impacto del aumento del costo de vida durante el primer tramo del año y brindar un alivio puntual en febrero, un mes tradicionalmente sensible por el peso de gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.
La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado, el 28 de enero de 2026, y el pago se realizará automáticamente junto con los haberes previsionales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.