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El Gobierno nacional rechazó un pedido de informe para revelar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina, en el marco del juicio que se tramita en los Estados Unidos por la expropiación de YPF. La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y se conoció públicamente a través del especialista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el litigio en Nueva York y difundió los detalles a través de sus redes sociales.
Según explicó Maril, el Ejecutivo sostuvo ante la justicia estadounidense que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que, al tratarse de una entidad independiente, el Tesoro Nacional no tiene acceso a información vinculada a la localización de esas reservas. En el mismo escrito, el Gobierno también rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar y brinde precisiones sobre el destino del metal.
Desde la Casa Rosada señalaron que el requerimiento será derivado formalmente al Banco Central, organismo responsable de la administración de las reservas internacionales, aunque evitaron brindar mayores detalles sobre los plazos o el alcance de esa gestión.
El trasfondo judicial y la estrategia de los fondos demandantes
El pedido de información se inscribe en la etapa de ejecución del fallo que condenó a la Argentina a pagar cerca de US$ 16.000 millones por la estatización de la petrolera. Los beneficiarios de la sentencia, encabezados por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos del juicio, buscan establecer conexiones que permitan identificar activos argentinos en el exterior susceptibles de embargo.
En ese contexto, los demandantes impulsan la denominada teoría del “alter ego”, con la que intentan demostrar que no existe una separación real entre el Estado nacional y el BCRA. Si esa postura prosperara, se abriría la puerta a eventuales medidas sobre las reservas internacionales, incluido el oro, como forma de garantizar el cobro de la sentencia.
Mientras tanto, la Argentina apeló el fallo dictado por Preska y permanece a la espera de una definición por parte de la Corte de Apelaciones, una resolución que será determinante para el futuro del litigio.
El envío de oro al exterior y el impacto político
La discusión sobre el oro argentino se intensificó luego de que trascendiera que, a mediados de 2024, el Banco Central envió parte de sus reservas al exterior, una decisión que generó fuertes cuestionamientos desde la oposición y múltiples pedidos de acceso a la información pública.
Aunque esos movimientos no fueron comunicados oficialmente, se conocieron a partir de videos de camiones blindados trasladando el metal hacia el aeropuerto de Ezeiza. Según información surgida de pedidos formales, los envíos se realizaron los días 7 y 28 de junio de 2024, a través de la empresa Loomis y la aerolínea British Airways, con destino a Londres. El monto involucrado habría rondado los USD 450 millones.
La defensa de Luis Caputo y la lógica financiera del BCRA
En su momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la operatoria del Banco Central y la definió como una decisión positiva desde el punto de vista financiero. Según explicó, mantener el oro en el exterior permite obtener rendimientos, a diferencia de conservarlo inmovilizado en las bóvedas del BCRA.
Caputo sostuvo que el metal precioso, si permanece en el país, funciona como un activo sin utilización productiva, mientras que al colocarlo fuera de la Argentina se pueden generar retornos financieros. En esa línea, afirmó que el país necesita maximizar los retornos sobre sus activos.
El antecedente judicial por el acceso a la información
El debate sobre la transparencia en torno a las reservas de oro tiene un antecedente reciente en la justicia argentina. En diciembre pasado, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia que había rechazado un pedido de información presentado en 2024 por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.
Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani cuestionaron que el Banco Central no explicara de manera detallada por qué la difusión de la ubicación del oro podía representar un riesgo para el sistema financiero o bancario, tal como había sostenido la entidad.
El BCRA, actualmente presidido por Santiago Bausili, había fundamentado su negativa en el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Con la nueva resolución judicial, el organismo quedó obligado a entregar la documentación solicitada o justificar con mayor precisión técnica las razones de su reserva.
Un tema sensible que vuelve a escena
No es la primera vez que parte del oro argentino es enviado al exterior. En septiembre de 2017, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, se trasladaron unas 11 toneladas de oro con el argumento de generar rentabilidad sobre las reservas. Ese antecedente volvió a cobrar relevancia en el actual conflicto judicial, en un escenario en el que la ubicación del oro se transformó en una pieza clave del juicio por la expropiación de YPF, con fuerte impacto político, económico y judicial.
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