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Un juez federal de Campana ordenó al presidente Javier Milei que implemente de manera efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad -sancionada por el Congreso en julio de 2025- y fijó como fecha límite el 4 de febrero próximo (es decir, en 2 semanas) para que la normativa esté en plena vigencia.
Se trata de una decisión adoptada en el marco de una causa colectiva que se tramita en esa sede y que busca garantizar el cumplimiento de la ley luego de su suspensión y posteriores recursos presentados por el Estado.
El fallo fue firmado por el juez federal Adrián González Charvay, quien dispuso que el Ejecutivo debe concluir los procesos administrativos necesarios para ejecutar la ley, aunque la Cámara Federal de San Martín aún tenga en trámite una apelación presentada por el Estado.
Según la resolución, el plazo se calculó a partir de la propia normativa, que estableció un período de 30 días hábiles para su reglamentación tras la concesión de la apelación el 18 de diciembre de 2025. Es por eso que la obligación de ponerla en marcha operará desde comienzos de febrero.
La ley en cuestión —la N° 27.793— fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso después de que el Presidente de la Nación la vetara y ese veto fuera rechazado por los legisladores, tras un proceso que reflotó un intenso debate político y social sobre los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y aquellos prestadores de salud claves para que esta población tenga una mejor calidad de vida.
Intimación a demostrar avances y exigencias judiciales
Además de fijar la fecha límite para la plena vigencia de la ley, González Charvay dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para acreditar ante la Justicia “el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia”. Ese requerimiento incluye presentar información solicitada por los demandantes, entre ellos la Asociación Civil por la Igualdad en la Justicia y la Asesora de Menores que intervienen en el expediente.
La magistratura advirtió que no serán admitidos informes que se basen únicamente en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos” sin respaldo material, y reclamó documentación concreta que demuestre el cumplimiento efectivo de los pasos administrativos necesarios para la implementación.
La causa se originó con la presentación de padres de dos menores con discapacidad, y a partir de ese reclamo se sumaron otras organizaciones civiles y prestadores de servicios, transformando el amparo en una acción colectiva con alcance nacional. La normativa declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye la creación de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles del sistema de prestaciones básicas y compensaciones económicas a prestadores, entre otras medidas.
El Gobierno apeló la fecha para la Emergencia en Discapacidad
El Poder Ejecutivo, representado por su equipo legal encabezado por Santiago Castro Videla, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de San Martín con la intención de revertir la orden de ejecución inmediata que había dictado González Charvay en diciembre pasado.
Esa apelación permanece pendiente de resolución, pero la sentencia de Campana mantiene la obligación de cumplimiento mientras se tramita la revisión en la instancia superior.
Milei prorrogó la emergencia sanitaria y reestructuró la política de discapacidad mediante un DNU https://t.co/c5TEEhBXzL pic.twitter.com/8dyIFxhz1v
— Radio Up 95.5 (@radioup955) January 2, 2026
