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La decisión del Gobierno nacional de habilitar aumentos de hasta el 19% en los peajes de rutas y autopistas nacionales generó una fuerte reacción por parte de organizaciones de usuarios viales. La medida, impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad, abrió una instancia de consulta ciudadana por escrito para actualizar las tarifas en los corredores concesionados a Corredores Viales S.A., en un contexto de nuevas licitaciones y cambios en el sistema de concesiones.
En diálogo con Radio Up, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), fue contundente al cuestionar el mecanismo elegido por el Ejecutivo: “La verdad nos preocupó primero porque se convocó a una consulta ciudadana por escrito, que es una burla, una estafa, ni siquiera es una audiencia pública”, afirmó.
Según explicó, el incremento impactaría de lleno en los bolsillos de los automovilistas. En Misiones, el peaje pasaría a costar $1500 para autos, mientras que en el caso del transporte de carga los valores se multiplicarían por eje. “Un camión de seis o siete ejes puede llegar a pagar cerca de 30.000 pesos en cada estación de cobro”, advirtió.
Lasca cuestionó además la falta de participación real de los usuarios en las decisiones: “Es una vergüenza, los caminos son de dominio público, no son de un gobernador ni de un presidente. Se debería crear una mesa de debate donde los usuarios viales podamos participar”. En ese sentido, remarcó que las concesiones tienen carácter de servicio público, pero nunca se creó un ente regulador con participación de los usuarios.
Uno de los puntos más críticos señalados por CONADUV fue el contexto en el que se anunció la suba. “No cabe duda de que es un tema que lo hacen a escondidas. Se da a conocer en plenas vacaciones, cuando la opinión pública no está prestando atención”, sostuvo Lasca, quien además recordó que habían mantenido reuniones con funcionarios nacionales que nunca se tradujeron en respuestas concretas.
El referente del comité también apuntó contra el modelo de concesiones que se intentó reinstalar: “Es volver al fracaso del sistema de los años 90. Claramente inconstitucional, con doble imposición y sin obras. Los nuevos contratos solo prevén corte de pasto y bacheo, no autopistas ni autovías para evitar choques frontales”. A esto se sumó una advertencia clave: “Se agregan 54 estaciones nuevas de cobro. Va a haber un peaje cada 100 kilómetros. Es un disparate total”.
Como ejemplo, mencionó que en la Ruta 3 se proyectan ocho peajes en 650 kilómetros, y en la Ruta 11, cinco estaciones en apenas 500 kilómetros. “Todo para no hacer nada, inversión cero, riesgo cero”, enfatizó.
Lasca también desmintió el argumento oficial sobre la falta de recursos: “El presidente miente cuando dice que no hay plata. Está el impuesto a los combustibles, que recauda unos 3.000 millones de dólares por año. Con eso se podrían hacer 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año”. Según explicó, esos fondos son desviados a otros destinos y no vuelven en obras viales.
En ese marco, criticó que los peajes se cobren antes de que existan mejoras: “El peaje no es un pago a cuenta de una obra futura. Al revés, deberían cobrar cuando la obra esté terminada. Acá entran cobrando de inmediato y con tarifa actualizada”. Además, advirtió que los valores se actualizarían de manera periódica hasta que ingresen los nuevos concesionarios, momento en el cual la tarifa para autos podría escalar a $4000 o más.
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Finalmente, Lasca dejó una definición que sintetizó el reclamo histórico del sector: “Las estaciones de peaje son una caja política. Cambiaron los gobiernos y seguimos con más de lo mismo. Todos son responsables de esta estafa real, por eso ninguno abre la boca”.
Mientras tanto, la actualización tarifaria avanzó y los usuarios viales quedaron, una vez más, fuera de la mesa de decisiones, en un escenario que desde CONADUV calificaron como “más de lo mismo y peor”.
El Gobierno Nacional aplicó infracciones a flybondi por cancelaciones en sus servicios aerocomercialeshttps://t.co/wkjsboJPn4 pic.twitter.com/qXuhOsztad
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