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Forestadora Tapebicuá S.A.U., uno de los mayores aserraderos del país y parte del grupo Celulosa Argentina, solicitó el concurso preventivo de acreedores en el marco de una crítica situación financiera. La deuda de la compañía asciende a aproximadamente 11.500 millones de pesos, mientras que su principal planta industrial permanece en crisis desde agosto 2025.
La presentación judicial fue realizada a fines de diciembre ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el contexto de un prolongado proceso de reestructuración que la empresa viene atravesando desde hace varios meses.
La situación de Tapebicuá se inscribe en la crisis más amplia que afecta a su controlante, Celulosa Argentina, firma con más de un siglo de trayectoria en el país, que también se encuentra en concurso preventivo. Según su último balance semestral, la papelera registró pérdidas superiores a los 172 mil millones de pesos y una caída del 44% en sus ingresos.
En los últimos años, Forestadora Tapebicuá avanzó en un proceso de achique que incluyó la venta de activos, como el aserradero San Charbel, y la búsqueda de inversores que permitieran sostener la operatoria. Si bien hubo interesados, las negociaciones no prosperaron.
Actualmente, la empresa cuenta con una planta de casi 400 trabajadores, quienes venían desempeñándose por debajo de la capacidad instalada y percibiendo cerca del 60% de sus salarios. La capacidad productiva del aserradero ronda entre los 4.300 y 4.500 metros cúbicos mensuales, aunque en el último tiempo operaba apenas al 60 o 70% por la baja en las ventas.
Desde la compañía señalaron que el freno en la actividad está vinculado a la fuerte caída del sector de la construcción y a los elevados costos en dólares, que dificultan la competitividad frente a productos importados. Este escenario derivó en una severa crisis de capital de trabajo que culminó en la paralización total de las operaciones.
Pese al complejo panorama, la empresa mantiene expectativas de retomar la producción en un plazo estimado de 90 días, siempre que logre concretar la incorporación de un socio estratégico que permita recomponer la actividad y garantizar la continuidad laboral.
