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El presidente Javier Milei cerró el año con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 942/2025, publicado el 31 de diciembre, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso una reorganización estructural de la política nacional de discapacidad, la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 y la ampliación de competencias del Ministerio de Salud en áreas vinculadas al control de precursores químicos y la prevención de daños derivados del narcotráfico.
La medida, adoptada en acuerdo general de ministros, se fundamenta en el informe final de intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que detectó un conjunto de irregularidades administrativas, tecnológicas y financieras que —según el texto oficial— ponen en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para personas con discapacidad en todo el país.
Centralización de la política de discapacidad
Uno de los ejes centrales del DNU es la eliminación de la ANDIS como organismo descentralizado y su integración orgánica y funcional dentro del Ministerio de Salud, mediante la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta decisión se apoya en las conclusiones del interventor designado por el Decreto 601/2025, quien advirtió que el organismo funcionaba sobre un “ecosistema tecnológico fragmentado”, con sistemas inconexos y sin interoperabilidad.
Según el informe, estas falencias impactaban de manera directa en la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud, generando duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para el seguimiento de los beneficiarios.
El decreto también detalla deficiencias estructurales en los controles internos, como la ausencia de manuales de procedimiento, fallas en la trazabilidad documental, demoras en la tramitación de pensiones y problemas en la gestión contractual con prestadores, especialmente en el área de provisión de insumos médicos y dispositivos de alta complejidad.
Continuidad de prestaciones y traspaso de recursos según Milei
Para garantizar la continuidad de los servicios, el DNU establece que todos los compromisos, bienes, personal, créditos presupuestarios y estructuras de la ANDIS pasan al Ministerio de Salud, que actuará como continuador legal del organismo. El texto remarca que la reorganización busca fortalecer la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia del gasto público, sin interrumpir las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El Ejecutivo sostiene que la centralización es compatible con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siempre que se mantenga el rol del Estado como punto focal y se garantice la participación de las organizaciones del sector.
Prórroga de la emergencia sanitaria hasta 2026
Otro punto clave del decreto es la prórroga de la emergencia sanitaria nacional, originalmente declarada por el DNU 70/2023, que vencía el 31 de diciembre de 2025. El Gobierno argumenta que la finalización abrupta de la emergencia, sin medidas de transición, implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud y podría generar consecuencias irreversibles en la red asistencial.
En ese marco, el Ejecutivo señala que la extensión de la emergencia permitirá optimizar herramientas de gestión, garantizar accesibilidad y equidad en el acceso a la salud y sostener políticas sanitarias en un contexto de restricción fiscal y reorganización del Estado.
Nuevas competencias del Ministerio de Salud
El DNU también modifica la Ley de Ministerios para ampliar las atribuciones del Ministerio de Salud en materia de precursores químicos, prevención del consumo problemático y mitigación de daños asociados al narcotráfico, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Entre las nuevas funciones se incluye la generación de evidencia sanitaria y toxicológica, el fortalecimiento de mecanismos de trazabilidad y el trabajo conjunto en estrategias integrales de prevención, ante el impacto que estas sustancias tienen sobre la salud pública y el sistema sanitario.
Trámite legislativo
Tal como lo establece la Ley 26.122, el decreto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras para su tratamiento. Mientras tanto, el DNU ya se encuentra vigente desde el día de su dictado.
El Gobierno justificó el uso de esta herramienta constitucional al considerar que la vía legislativa ordinaria no resulta compatible con la urgencia del escenario descripto, dado el riesgo de agravamiento en la afectación de derechos y en la continuidad de prestaciones esenciales.
