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El debate por el ajuste del gasto público volvió a ganar centralidad tras la media sanción del Presupuesto 2026 y el avance de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. En ese contexto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige el economista Nadin Argañaraz, publicó un informe que pone números concretos a una pregunta clave: qué gastos y cuánto deberían reducirse si el financiamiento de estas leyes se realiza exclusivamente mediante la reasignación de partidas
El trabajo parte de una aclaración central: no se trata de una recomendación de política, sino de un ejercicio técnico que calcula el esfuerzo fiscal necesario bajo el supuesto de que el gasto total se mantiene constante y que ciertos rubros —como jubilaciones, AUH, pensiones y transferencias a universidades— no se recortan.
El costo fiscal de las leyes
Según los cálculos del informe, basados en estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal conjunto de ambas leyes asciende a 0,5% del PBI. De ese total, la ley de financiamiento universitario representa un costo del 0,23% del PBI, mientras que la ley de emergencia en discapacidad implica un 0,27% del PBI en su escenario de menor costo fiscal
Este incremento del gasto debería ser compensado, según el supuesto oficial, con una reducción de otras erogaciones. Allí es donde el informe del IARAF pone el foco: qué tan factible es cubrir ese 0,5% del PBI recortando distintos componentes del gasto.
Qué pasaría si se recorta un solo rubro
El primer ejercicio del informe analiza cada gasto potencialmente reducible de manera individual. Los resultados muestran la magnitud del problema: en la mayoría de los casos, ni siquiera la eliminación total de un rubro alcanza para cubrir el costo de las dos leyes.
Por ejemplo, si el financiamiento proviniera exclusivamente de las transferencias no automáticas a provincias y CABA, solo se cubriría el 61% del aumento del gasto. Si se recurriera a la inversión real directa, la eliminación completa permitiría financiar apenas el 64%. En el caso de los subsidios al transporte, el recorte total cubriría el 65% del costo fiscal
Otros rubros requieren recortes extremadamente profundos: los subsidios a la energía deberían reducirse un 76%, los programas sociales un 75% y el gasto en bienes y servicios un 86%. Incluso en el caso de la masa salarial, el ajuste necesario sería del 26%, un nivel de recorte de alto impacto político y social
El escenario más probable: recortes combinados
Dado que la eliminación total de un solo gasto resulta inviable, el informe plantea un segundo escenario, considerado más realista: una combinación de recortes en todos los gastos primarios flexibles, en proporción a su peso dentro del total.
Bajo este supuesto, el gasto primario flexible debería reducirse del 5% del PBI al 4,5%, para compensar el aumento del gasto inflexible que generan las dos leyes. En términos absolutos, esto implica redistribuir 0,5 puntos del PBI desde gastos flexibles hacia las nuevas obligaciones legales
En este esquema, la masa salarial aparece como el rubro que más aporta al ajuste, con una reducción equivalente a 0,19 puntos del PBI. Le siguen los programas sociales y los subsidios a la energía, con recortes de 0,07 puntos del PBI cada uno, y el gasto en bienes y servicios, con 0,06 puntos. Los subsidios al transporte, la inversión real directa y las transferencias corrientes a provincias aportarían alrededor de 0,03 puntos del PBI cada uno.
El rol del crecimiento económico
Un aspecto clave que destaca el informe es el efecto del crecimiento del PBI nominal proyectado para 2026. Según el IARAF, el PBI nominal crecería un 28,5%, lo que permitiría que el ajuste requerido sea menor en términos reales.
En ese contexto, la reducción real necesaria de cada gasto primario flexible sería del orden del 7%, siempre que el ajuste se distribuya de manera proporcional entre todos los rubros considerados.
Este dato resulta central para el debate político, ya que muestra que el ajuste no necesariamente implica un recorte nominal, sino una suba por debajo de la inflación y del crecimiento del producto.
Un debate inevitable en el Presupuesto 2026
El informe de Nadin Argañaraz deja en claro que el financiamiento de las leyes de universidades y discapacidad no es neutro desde el punto de vista fiscal. Aun bajo el escenario de crecimiento económico, mantener constante el gasto primario exige un ajuste real en partidas sensibles como salarios, programas sociales, subsidios e inversión pública.
En un contexto de fuerte discusión por el Presupuesto 2026 y el rumbo de la política fiscal, el trabajo del IARAF aporta un marco técnico concreto para un debate que, en última instancia, es político: qué gastos se ajustan, en qué magnitud y con qué impacto social.
