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El avance del proceso de desregulación en la actividad yerbatera conocido este martes 23 de diciembre, sigue generando tensiones y debates en Misiones. En ese marco, el subsecretario de Asuntos Yerbateros de la provincia y director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) por Misiones, Ricardo Maciel, confirmó en dialogo con RadioUp.com.ar la posición del Gobierno provincial frente a las recientes resoluciones que modificaron normas históricas del organismo.
Maciel fue enfático al señalar que la provincia no coincide con buena parte de las decisiones adoptadas, pero explicó que el contexto normativo impuesto por el Gobierno nacional dejó al INYM sin respaldo legal suficiente para sostener muchas de esas regulaciones en instancias de control e inspección.
“Mirá, muchas de las resoluciones no estábamos de acuerdo, y más yo que participé de la redacción y la firma de muchas de estas resoluciones que fueron modificadas ahora”, expresó Maciel, marcando desde el inicio que su postura no es ajena al proceso interno que atravesó el organismo durante los últimos años.
La pérdida de facultades y el impacto en los controles
Uno de los ejes centrales de las declaraciones del funcionario provincial estuvo vinculado a la derogación de facultades del INYM, primero a través del DNU 70/2023 y luego con el decreto 812/2025. Según explicó, ese cambio de marco legal condiciona seriamente la capacidad del Instituto para ejercer controles efectivos sobre los operadores del sector.
“Ante la derogación de facultades, tanto con el DNU 70 y últimamente con el decreto 8/12, hay resoluciones que quedan muy debilitadas para usarlo en instancia de inspección”, advirtió Maciel, al describir las consecuencias prácticas de la desregulación.
En ese sentido, explicó que el problema no se limita a la letra de una norma, sino a su aplicabilidad real frente a eventuales conflictos legales. “Cuando inspeccionás después cabe la posibilidad de que tenés que sancionar a un operador; eso, si va a instancias judiciales y no tenés el paraguas legal que te delega facultades para hacer esa inspección y esa sanción, institucionalmente te queda muy, muy debilitado”, sostuvo.
Para el funcionario, este escenario expone al INYM a una situación de fragilidad jurídica que pone en riesgo su rol histórico como organismo de control y fiscalización de la cadena yerbatera, aun cuando conserve formalmente funciones vinculadas a la calidad y la trazabilidad.
Desacuerdos políticos y una decisión institucional
Maciel remarcó que la posición de Misiones no debe leerse como un aval político a la desregulación, sino como una decisión tomada en un contexto de restricciones legales impuestas desde Nación. “Más allá de que no estamos de acuerdo en todo esto, como te decía, institucionalmente era mejor esto”, afirmó, en referencia a la adecuación normativa que se terminó avalando dentro del Directorio del INYM.
La frase sintetiza una postura pragmática: ante la quita de atribuciones, sostener resoluciones que luego no pueden defenderse en el ámbito judicial termina siendo contraproducente para el propio organismo. Desde esa lógica, la derogación de ciertas normas aparece como una consecuencia del nuevo marco legal, más que como una decisión voluntaria del Gobierno provincial.
Insistir para recuperar facultades
Lejos de dar el debate por cerrado, Maciel dejó en claro que Misiones seguirá reclamando la recuperación de atribuciones para el INYM. “Seguir insistiendo para ver si las facultades se recuperan, por supuesto”, señaló, al tiempo que abrió la puerta a una eventual revisión futura de las resoluciones que hoy fueron modificadas o derogadas.
En esa línea, sostuvo que las normas no son inamovibles y que, si el contexto legal cambia, también podría cambiar el esquema regulatorio del sector. “Estas resoluciones se pueden también rever”, afirmó, dejando planteada una estrategia de mediano plazo orientada a recomponer el rol del Instituto.
El trasfondo del debate yerbatero
Las declaraciones de Maciel se inscriben en un momento clave para la actividad yerbatera, atravesada por la eliminación de herramientas de intervención estatal, la liberalización del mercado y la creciente preocupación de los pequeños y medianos productores por la falta de mecanismos de equilibrio.
Desde el Gobierno de Misiones, la defensa del INYM como institución aparece ligada no solo a una discusión normativa, sino también a un modelo de desarrollo productivo que históricamente buscó ordenar la cadena, garantizar controles y evitar abusos de posición dominante.
La advertencia del subsecretario apunta, en ese sentido, a una cuestión de fondo: sin facultades claras, el organismo pierde capacidad de acción y queda expuesto a litigios que pueden terminar vaciando de contenido su función. La discusión, entonces, excede una resolución puntual y se proyecta sobre el futuro del sistema yerbatero.
