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El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, consiguió este viernes 19 de diciembre en el Senado el dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que propone una profunda reforma del sistema tributario y penal fiscal. El dictamen fue alcanzado con el acompañamiento de aliados y habilita el tratamiento del proyecto en el recinto el próximo 26 de diciembre, en una sesión que también incluirá el debate del Presupuesto 2026.
La definición se produjo durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tras el análisis del texto aprobado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves. Según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia de Noticias Argentinas, ambos proyectos serán tratados de manera conjunta en una sesión clave para el Gobierno.
Al abrir el debate en comisión, Juan Carlos Pagotto sostuvo que el proyecto marca un quiebre con el esquema vigente:
“En la Argentina estamos cambiando de paradigma. Antes se utilizaba la AFIP como policía del régimen. Este proyecto es un comienzo, sobre todo para la inocencia fiscal y para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley”.
Nuevo enfoque tras el logro de dictamen
En la misma línea, desde la oposición dialoguista, el senador radical Maximiliano Abad valoró positivamente la iniciativa al considerar que reconoce un principio básico del derecho:
“Este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”.
No obstante, Maximiliano Abad expresó su preocupación por algunos puntos sensibles del proyecto, especialmente en lo referido al régimen sancionatorio. El legislador advirtió sobre la actualización de las multas, en particular las vinculadas a las declaraciones juradas, que pasan de 200 pesos a 220.000 pesos, sin que la norma detalle el criterio de actualización ni establezca diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes.
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Las modificaciones em varios marcos normativos tras el dictamen
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional introduce modificaciones en varios marcos normativos clave: el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada orientado a reducir la carga administrativa y los controles patrimoniales.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que según el Ejecutivo permitirá a los contribuyentes adheridos quedar “blindados para siempre”. Para acceder, se establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos.
Quienes adhieran a este régimen no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos al control de sus consumos personales. En este esquema, ARCA sólo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, independientemente de cualquier crecimiento patrimonial, que no será fiscalizado. A esa base imponible se le podrán deducir los consumos declarados.
El artículo 39 del proyecto establece el llamado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y paga en término, quedará liberado de futuras acciones, salvo que se detecte omisión de ingresos.
El proyecto eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se configura un delito fiscal. En el caso de la evasión simple, el piso pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos. Para que una conducta sea considerada evasión agravada, el monto deberá superar los 1.000 millones de pesos, cuando anteriormente era de apenas 15 millones.
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En este marco, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y sus intereses, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.
Si la denuncia penal aún no fue presentada, esta quedará extinguida si el contribuyente paga la totalidad de lo adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas por la presentación fuera de término de las declaraciones juradas, un punto que genera debate incluso entre los sectores que acompañan la iniciativa.
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