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El Gobierno nacional avanza con un ambicioso proyecto de Reforma Laboral que propone una transformación integral de la Ley de Contrato de Trabajo y de normas complementarias, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y adaptar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos. El borrador preliminar, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, introduce modificaciones clave en materia de indemnizaciones, registración laboral, negociación colectiva y trabajo en plataformas digitales.
Blanqueo laboral y creación de un régimen de promoción del empleo registrado
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, orientado a facilitar la regularización de trabajadores que hoy se desempeñan en condiciones informales o con registraciones defectuosas. La iniciativa prevé beneficios significativos para los empleadores, entre ellos la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, así como también la eliminación del REPSAL, siempre que se blanquee a la totalidad del personal alcanzado.
En paralelo, el documento propone centralizar la registración laboral en el organismo ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y suprimir el actual capítulo de multas por trabajo no registrado. Sin embargo, el borrador mantiene un aspecto clave para la defensa del trabajador: la falta de registración seguirá constituyendo una presunción favorable en caso de conflicto judicial.
Profundos cambios en el régimen de indemnizaciones
Otro de los puntos más sensibles del proyecto es la modificación del régimen indemnizatorio. El nuevo esquema redefine la base de cálculo y establece topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable, junto con un piso del 67% del salario normal y habitual.
Además, el texto abre la puerta a que los convenios colectivos puedan reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, financiado por los empleadores, una figura similar a la que ya existe en algunos sectores como la construcción.
Enfermedades, accidentes y reincorporaciones
El borrador también introduce cambios en el artículo 212, referido a enfermedades y accidentes laborales. Allí se ajustan los criterios de reincorporación del trabajador y se establecen distintas modalidades de indemnización según el grado y tipo de incapacidad, en un intento por ordenar los criterios actualmente vigentes.
Plataformas digitales: repartidores como “trabajadores independientes”
Uno de los capítulos que genera mayor debate es el referido a las plataformas digitales de reparto. El proyecto crea un régimen especial para los repartidores, a quienes define formalmente como “trabajadores independientes”. Si bien se fijan obligaciones fiscales y de aportes a la seguridad social, también se reconocen derechos específicos, como la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones ante bloqueos o suspensiones en las aplicaciones.
Negociación colectiva, crisis empresarias y sanciones
En materia de negociación colectiva y procedimientos de crisis, el documento propone reforzar la obligación de negociar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que entorpezcan las negociaciones y establecer mayores exigencias de transparencia, obligando a las empresas a brindar información detallada a los sindicatos.
Actualización de créditos laborales y límites a juicios en trámite
El borrador establece también una nueva fórmula de actualización de los créditos laborales, basada en Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, y fija límites para las causas que se encuentran actualmente en trámite, con el objetivo de evitar indemnizaciones superiores a las que surgirían del nuevo esquema.
Incentivos a la contratación y alivio en las cargas patronales
Por último, el proyecto analiza beneficios para incentivar la contratación de nuevos trabajadores, incluyendo reducciones temporales en las contribuciones patronales destinadas a distintos subsistemas de la seguridad social, con la finalidad de estimular el empleo formal.
Desde el Ejecutivo confirmaron que el proyecto aún continúa en etapa de revisión y que será trabajado en profundidad antes de definir la versión final que será enviada al Congreso. La iniciativa promete abrir un fuerte debate político, sindical y empresario, en un contexto de alta sensibilidad social por el impacto que cualquier reforma laboral genera en el mundo del trabajo.
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