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Constanza Yudar, presidenta de la Comisión Provincial de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, recordó que el equipo realiza control y monitoreo en todos los contextos donde una persona permanece privada de su libertad, ya sea por disposición judicial o por decisión institucional: ''Nuestra tarea fundamental y principal es el control y monitoreo en todos los contextos de encierro: comisarías, hogares de niños, niñas y adolescentes, hogares de adultos mayores recorremos toda la provincia”, explicó; donde además proponen reducir el protocolo policial de averiguación de antecedentes.
A lo largo de 2025, el equipo seis comisionados y un plantel técnico de hasta seis personas intensificó la respuesta a denuncias urgentes: ‘’trabajamos mucho más en las emergencias, que son las denuncias que nos llegan por WhatsApp o teléfono. Llevamos 135 visitas y es algo que hacemos de forma cotidiana’’.
De ese total, 130 visitas fueron a comisarías, que concentraron la mayor parte de los reclamos: ‘’la mayoría han sido a comisarías. Nos llegaron varias denuncias, ya sea por la cantidad de personas privadas de libertad o porque exceden los plazos de permanencia’’, detalló.
Las principales consultas continúan vinculadas al avance de los expedientes judiciales: ‘’lo que más quiere la persona privada de su libertad es recobrar su libertad. Las consultas constantes son de sus procesos judiciales’’, afirmó Yudar.
Si bien la comisión no interviene en causas, sí articula cuando detecta demoras en las visitas de defensores públicos o abogados privados: ‘’no tenemos injerencia en los procesos, pero sí generamos el vínculo cuando algún defensor no haya hecho la visita. Eso hoy no está sucediendo: la justicia viene trabajando muy bien y para nosotros es un alivio’’.
También se abordaron emergencias estructurales, como la falta de agua en la Unidad Penal I de Loreto: ‘’se secaron los pozos de agua. Nos acercamos y hablamos con las instituciones que podían ayudar. Se realizaron nuevos pozos’’.
Sobrepoblación: 811 personas sin condena firme y 217 con plazos legales superados
Yudar reconoció avances, pero también cifras que preocupan: ‘’siguen siendo índices altos: 811 personas, más o menos, porque eso cambia día a día’’.
Consultada por los motivos de las demoras, explicó: ‘’es muy chico decir que la justicia tiene la culpa. Hoy tenemos algo muy grave que es el consumo problemático. Las personas delinquen para consumir y tenemos entradas y salidas constantemente’’.
Hogares de adultos mayores sin emergencias durante 2025, la presidenta destacó que la Defensoría del Pueblo mantiene un monitoreo sostenido: ‘’hoy no es un problema. Lo seguimos haciendo periódicamente, pero no hemos tenido denuncias’’.
Además, informó que 217 detenidos superan los dos años de imputabilidad, aunque destacó que el número bajó: ‘’bajó un montón el índice. Más de 600 personas están condenadas, lo que quiere decir que la justicia está trabajando’’.
Yudar señaló que los expedientes por abuso sexual son los de mayor complejidad: ‘’uno de los delitos más difíciles, tanto de investigar como de condenar, es el abuso sexual. Tenemos muchas personas detenidas por este delito’’.
Contravenciones y protocolo policial: cambios en marcha
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura había sugerido modificar la normativa para habilitar a la Comisión como querellante, pero Ayudar lo descartó, al menos por ahora: ‘’hoy no es un tema, porque se viene avanzando en otras cosas más urgentes y más importantes’’.
Recordó, sin embargo, que existe un antecedente contundente: ‘’lo que no se perdona bajo ningún punto de vista es la tortura o los malos tratos de cualquier fuerza policial’’.
‘’Se habla de las 24 horas por averiguación de antecedentes cuando hoy tenemos la tecnología a la mano, ya no es como antes’’, subrayó. Por eso, desde la Comisión vienen insistiendo en un cambio rotundo: ‘’habíamos pedido 2 horas para averiguar si la persona tenía algún antecedente o no, y sí, se está evaluando esa posibilidad’’.
Yudar confirmó que la Jefatura de Policía tomó nota: ‘’Sandro Martínez, el jefe de la Policía, está trabajando muy bien en ese tema’’.
Para la presidenta, no hay motivos técnicos que justifiquen retener a una persona durante un día completo: ‘’con la tecnología, los videos y todo lo que tiene la Policía, lo puede hacer’’.
La Comisión sostiene que mantener el plazo actual sobrecarga comisarías, incrementa situaciones de vulneración de derechos, genera registros inconsistentes y produce una población rotativa y evitable dentro de las dependencias. Yudar lo resumió así: ‘’es algo urgente. Tuvimos novedades y se está trabajando para que la persona detenida por averiguación de antecedentes esté el menor tiempo posible’’.
La presidenta también mencionó otra arista clave: la cadena de responsabilidades entre las distintas unidades policiales (motorizada, comisarías, unidades operativas). ‘’Uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de la detención es quién detiene. Si la motorizada o si la Policía. Si yo detengo me hago cargo de la persona y de cómo llega a permanecer en cada lugar’’.
Sobre los registros de detención, señaló diferencias entre comisarías: ‘’cada comisaría realiza los registros de forma diferente. Nosotros podemos acceder, pero no somos quienes los conformamos’’. Aun así, destacó que el 911 y áreas policiales avanzan en digitalización.
Un 2026 con nuevos protocolos y trabajo interinstitucional
Yudar anticipó que uno de los focos del año entrante será el abordaje de detenciones vinculadas al consumo problemático: ‘’uno de los comisionados trabaja en cómo se debe atravesar ese momento. Es un objetivo para el año que viene’’.
El análisis completo estará en el informe anual que se presentará el 12 de diciembre, a las 9 horas, en el Salón de las Dos Constituciones, en la Cámara de Diputados.
