La investigación por el fentanilo contaminado, que sacudió al sistema sanitario argentino durante este año, tuvo un avance clave luego de que se recuperaran más de 82 mil ampollas del opioide adulterado en operativos realizados en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe. La cifra se convirtió en uno de los datos más contundentes dentro de una causa que, según confirmaron los investigadores, estuvo asociada a al menos 173 muertes en todo el país.
En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo múltiples allanamientos bajo directivas del Ministerio de Seguridad. Todas las acciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien instruyó a profundizar las pesquisas ante el aumento de denuncias relacionadas a fallecimientos vinculados al uso del fármaco.

Según detallaron fuentes del caso, la causa se había iniciado medio año atrás, cuando la Justicia comenzó a recibir las primeras alertas por posibles decesos relacionados al consumo de fentanilo en distintos centros médicos. Ante la gravedad de los reportes, la ANMAT radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, señalando irregularidades en los productos de algunos laboratorios proveedores.
Con el avance de la investigación, se logró identificar que el opioide estaba adulterado con bacterias, y que la producción correspondía a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos propiedad del empresario Ariel García Furfaro, actualmente detenido y procesado.

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Además, fueron detectados 187 sanatorios, clínicas y droguerías vinculados a la distribución del material, de los cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes contaminados.
Los allanamientos ordenados en las cuatro provincias permitieron secuestrar las más de 82 mil unidades del fármaco adulterado, que quedaron bajo custodia en las instalaciones de la ANMAT, a disposición del magistrado.
Las autoridades remarcaron que el hallazgo representa un paso decisivo para frenar la circulación del producto contaminado y avanzar en una causa que expuso fallas graves en la cadena de producción y distribución farmacéutica del país.
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