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La decisión de Vialidad Nacional de cobrar un canon de 560.000 pesos a la organización de la peregrinación a Loreto por la Ruta Nacional 12 se convirtió, sin dudas, en uno de los temas de la semana en Misiones. El hecho generó indignación, críticas públicas, repercusión en los medios de comunicación y, finalmente, el compromiso del organismo nacional de retrotraer el cobro y devolver el dinero.
En diálogo con Radio Up, el sacerdote posadeño Alberto Barros analizó el trasfondo de la medida, cuestionó el enfoque del Gobierno nacional respecto de las expresiones populares de fe y advirtió que el caso excede lo económico, porque “revela un modelo de país y una cultura que privilegia a una minoría elitista y se muestra molesta con todo lo popular”.
Un cobro insólito que encendió las alarmas
La peregrinación a Loreto, una de las manifestaciones de fe más arraigadas en la provincia, se vio envuelta en una situación inesperada: Vialidad Nacional aplicó un canon de 560.000 pesos a la organización por el uso de la Ruta Nacional 12 durante la caminata religiosa.
La medida fue justificada inicialmente como un pago por el uso de la vía pública, un argumento que generó sorpresa y rechazo entre los organizadores y la comunidad, porque, lejos de tratarse de una actividad comercial o lucrativa, la peregrinación es una expresión de religiosidad popular y participación comunitaria.
La fuerte repercusión en los medios de comunicación, las críticas de distintos sectores y el eco que alcanzó el tema a nivel nacional terminaron forzando un giro: Vialidad Nacional se comprometió a devolver el dinero y dejar sin efecto el cobro, evitando así un precedente que podría haber complicado la organización de futuras procesiones y eventos similares.
“No es un tema de dinero, sino de proyecto de país”
Consultado por Radio Up, el padre Alberto Barros fue tajante al señalar que el eje del problema no está en el monto del canon sino en el mensaje político y cultural que deja la decisión. “En lo personal lo que menos me preocupa es el tema económico. Creo que el tema no pasa por el dinero. Me parece que es lo menos preocupante y no es bueno hacer girar la reflexión a partir del tema económico, sino a través de las opciones que hay detrás de estas actitudes”, planteó.
Para el sacerdote, el caso de la peregrinación se inscribe en un modo de operar del Gobierno nacional: “Son gestos que responden a un estilo de proyecto de país, a un estilo cultural que tiene el gobierno nacional actual. Por un lado, lo de la peregrinación en concreto no deja de ser una gran injusticia, una gran hipocresía, cuando el mismo Estado nacional ha abandonado la obra pública, el mantenimiento de las rutas, la infraestructura de los caminos que pone en riesgo la vida de las personas”.
Barros remarcó la contradicción entre el estado de las rutas y el cobro de un canon a una manifestación de fe pacífica y comunitaria: “Hay gente que muere en las rutas nacionales, se complica el turismo, el comercio, el desplazamiento seguro de las personas, y toda esa falta de mantenimiento es, de alguna manera, un robo a la gente que tiene derecho a transitar por una ruta. Después, por otro lado, te quieren cobrar por transitar y encima de una manera tranquila, en un acto de fe, en una peregrinación. Lo menos que se puede decir es que es una gran hipocresía, una gran injusticia y una gran falta de respeto a la libertad de un pueblo”.
Ajuste, privilegios y una mirada crítica al modelo económico
En otro tramo de la entrevista, el sacerdote cuestionó el discurso oficial que promete que “el ajuste lo paga la casta”: “Más allá del discurso de que el ajuste lo va a pagar la casta, creo que a esta altura del partido todos nos damos cuenta de que la casta no sufre en absoluto, al contrario, está privilegiada por este gobierno y sufren los ciudadanos de a pie y los más pobres”.
Barros comparó el trato a las grandes inversiones con lo ocurrido en la peregrinación: “Por un lado se bajan impuestos, se bajan cánones a las grandes riquezas, a las grandes inversiones, a las inversiones en el ámbito de la minería, a todo lo que es extractivismo, se les regala prácticamente todo, pero sí te cobran una peregrinación religiosa. Es una locura, ¿no?”.
En este sentido, el sacerdote ubicó el episodio como parte de una lógica que “siempre privilegia a los más poderosos y complica la vida al ciudadano común, a los más pobres, a la clase media, a los discapacitados, a los jubilados, que son los que están poniendo el cuerpo al sufrimiento para privilegiar a una minoría elitista enriquecida”.
Religiosidad popular, identidad y un modelo cultural en disputa
Para Barros, el conflicto excede lo estrictamente económico y se proyecta sobre el plano cultural, especialmente en relación con la religiosidad popular: “Creo que también hay un tema cultural detrás de esto. Entiendo que tanto el señor Presidente como este gobierno se sienten muy incómodos con la acción de la Iglesia Católica, sobre todo en el ámbito de los más pobres, la justicia social, el acompañamiento de los últimos. Toda manifestación religiosa genera el anuncio de valores que este gobierno no comparte”.
El sacerdote señaló que incomoda al oficialismo la referencia a conceptos como justicia social, solidaridad y pueblo: “A este gobierno le incomoda que se hable de injusticia social. Lo tenemos más que chequeado por las barbaridades que hemos escuchado de la máxima magistratura. Les molesta hablar de solidaridad, de compromiso con los últimos, de comunidad, de encuentro. La palabra ‘pueblo’ los desequilibra, cuando la Iglesia siempre habla de pueblo, pueblo de Dios, pueblo que habita una nación”.
En contraste, Barros describió lo que expresa una peregrinación como la de Loreto: “En una procesión se expresa la identidad cultural de nuestro pueblo. En una peregrinación se habla desde el silencio de un pueblo que camina junto, de un pueblo solidario, un pueblo que no deja atrás al que viene retrasado. Si alguien se lastimó, se lo atiende, se cuidan unos a otros, es un pueblo que camina en unidad, en solidaridad, no abandonando jamás a los más débiles. Es todo lo contrario de una cultura individualista, indiferente y avara, que solo se preocupa por su propio interés”.
Por eso interpretó el canon como algo más que un error administrativo: “Yo no sé si detrás de esto no hay una forma de decir ‘les vamos a parar el carro, vamos a poner palos en la rueda’. Como lo han hecho en otras cosas, de-financiando proyectos de prevención de adicciones, de-financiando comedores populares, de-financiando todo lo que va en contra de esta idea de que lo único importante es lo elitista, lo exitoso, lo individualista”.
¿Qué habría pasado si no trascendía?
Al consultársele qué podría haber pasado si el caso no hubiera tomado relevancia nacional, Barros evitó hacer futurología, pero admitió que el riesgo era claro: “Hubiera sido un precedente importante, ciertamente. Si esto tiene que ver, como yo lo creo, con una especie de rechazo a todo lo que tiene que ver con la cultura popular, el catolicismo popular, la promoción de lo comunitario, lo solidario, la justicia social, entonces mañana se podía aplicar a cualquier otra experiencia parecida”.
El sacerdote mencionó otras peregrinaciones fuertemente arraigadas en el país, como la de Itatí o la procesión a Fátima en Posadas, y advirtió sobre el impacto que un precedente de ese tipo podría tener para todas las manifestaciones de fe populares.
A su juicio, lo que “molesta” no es lo religioso en sí mismo, sino lo religioso ligado al pueblo: “Creo que a este gobierno le molesta todo lo popular, le molesta todo lo que tenga que ver con la justicia social, porque es un proyecto elitista, individualista, para privilegios de minorías. Todo lo que suene popular, todo lo que suene religioso en este sentido molesta. No les molestan otras expresiones religiosas ligadas a lo elitista, ligadas al poder y a los grandes manejos económicos y financieros. Esas no son las religiones que acompañan al ciudadano común, a nuestro pueblo en sus sufrimientos cotidianos”.
Un capítulo que se cierra, pero deja una advertencia
Con la decisión de Vialidad Nacional de devolver el canon y retrotraer el cobro, el episodio parece encaminarse hacia un cierre administrativo. Para la organización de la peregrinación y para la comunidad católica, la resolución trae cierta tranquilidad pensando en los próximos eventos de fe que se realizan cada año en la provincia y en la región.
Sin embargo, la reflexión del padre Alberto Barros muestra que, para muchos, lo ocurrido deja algo más que una anécdota: instala la discusión sobre quién paga los costos del ajuste, qué lugar ocupan las expresiones populares de fe en la agenda pública y qué modelo de país se construye cuando la cultura del pueblo se percibe como un obstáculo.
En este sentido, Barros dejó abierta la invitación a no naturalizar decisiones que, aunque presentadas como meros trámites administrativos, terminan revelando —según su mirada— una profunda disputa por el sentido de lo popular, la justicia social y la vida en comunidad.
Vialidad Nacional dijo que fue un error cobrar por peregrinar a Loreto y devolverá el dinero https://t.co/33hBZHURGY
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