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Representantes de Amnistía Internacional Argentina, el CELS, SiPreBA, ARGRA y FOPEA presentaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un diagnóstico que calificaron como “alarmante” sobre la situación de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en el país. Describieron un aumento significativo de ataques, hostigamientos y agresiones hacia periodistas durante la gestión de Javier Milei, un escenario que contrasta con la postura del Gobierno, que minimizó los cuestionamientos.
El monitoreo anual de FOPEA marcó uno de los datos más fuertes: en 2024 se registraron “179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53%” respecto de 2023. Según precisó la presidenta de la entidad, Paula Moreno, “el Presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025”.
Durante la audiencia, los referentes de derechos humanos afirmaron que la prensa atraviesa una situación de “hostigamiento y deslegitimación” promovida desde el propio Gobierno, que –dijeron– alimenta un clima que invita a “odiar a los periodistas”. En contraste, el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, negó que exista una política oficial de desprestigio, pese a que el presidente Milei calificó en redes sociales a los medios como “la peor cloaca del universo”, una “basura mentirosa” y “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.
Entre los testimonios aportados, el periodista de La Nación y miembro de FOPEA, Hugo Alconada Mon, detalló los intentos de hackeo a sus redes sociales, las amenazas a su teléfono y cuentas bancarias, y la aparición de su identidad en páginas pornográficas luego de investigar un plan de inteligencia estatal que habilitaba posibles maniobras de espionaje ilegal.
Ataque a la prensa y coberturas violentas
Amnistía Internacional advirtió que entre 2024 y lo que va de 2025 cerca de 300 trabajadores de prensa “resultaron heridos”, con “lesiones oculares, heridas en el rostro e impactos de balas en el cuerpo”. Su directora adjunta en Argentina, Paola García Rey, sostuvo que el rol de la prensa durante las protestas es clave porque las imágenes funcionan como un control externo del Estado. “Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció.
Desde SiPreBA, el secretario adjunto electo y periodista de Clarín, Francisco Rabini, recordó los ataques virtuales y mediáticos contra la directora de Futurock, Julia Mengolini, mediante deepfakes de contenido sexual; los golpes sufridos por el director de El Destape, Roberto Navarro; y el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza del fotógrafo independiente Pablo Grillo, quien sigue en tratamiento.
El fotógrafo de ARGRA Tomás Cuesta describió el nuevo estándar de riesgo para cubrir protestas: “Hace dos años normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra”, dijo, mencionando cascos, máscaras de gas y gafas protectoras. “Nos mantenemos en contacto y atentos a ver si todos volvimos bien. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la Policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”, agregó.
El CELS, por su parte, cuestionó el Protocolo Antipiquetes implementado por la ministra Patricia Bullrich, y recordó que fue objetado por la CIDH y por “nueve relatores de Naciones Unidas”. La organización entregó además una carta de la madre del fotógrafo Grillo a las autoridades de la comisión.
La CIDH expresó su solidaridad con Mengolini, quien habló de “la campaña de difamación y violencia digital sin precedentes” impulsada desde el Estado: “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí”, relató.
La secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panzi, sostuvo que existe “un contexto de amenazas y criminalización” hacia periodistas y defensores de derechos humanos en el país, y se comprometió a visitar la Argentina. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, sumó que cuando una autoridad se dirige a la prensa “lo hace desde una posición de poder” y “puede tener impactos”. “La voz de una autoridad no es una voz cualquiera… no debe contribuir a generar riesgos para otras personas”, concluyó.
Stornelli pidió investigar espionaje ilegal ️♂️ pero frenó los allanamientos a periodistas, defendiendo la libertad de prensa y la protección de fuentes periodísticas ⚖️ https://t.co/IlnonMfTLV pic.twitter.com/51r077ZTL0
— Radio Up 95.5 (@radioup955) September 2, 2025
