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En un contexto donde el Gobierno Nacional busca avanzar con su agenda de reformas estructurales, la reforma laboral vuelve a ocupar un lugar clave en el debate público. El proyecto que será presentado en el Congreso de la Nación en el marco del Pacto de Mayo pretende modernizar las reglas del trabajo en la Argentina, adaptarlas a las transformaciones tecnológicas y a las nuevas modalidades laborales que surgieron en los últimos años.
Para analizar esta iniciativa, el abogado Héctor Franco dialogó con Radio Up y ofreció una mirada integral sobre los cambios propuestos, los desafíos del consenso político y la necesidad de políticas activas de empleo. Su diagnóstico fue contundente: “No es la primera vez que se intenta una reforma laboral, pero si no se la acompaña con una estrategia real de generación de empleo, no servirá de nada”.
Franco recordó que los intentos de reforma no son nuevos en la historia argentina: “En los 90 se intentó, también durante la gestión de Macri, y ahora nuevamente el Gobierno Nacional propone modificar la estructura legal del trabajo. Pero hay un dato que no se puede soslayar: el empleo privado registrado no crece desde 2012. Si sumamos el aumento poblacional, el empleo formal incluso ha decrecido. Es un problema estructural que lleva más de una década sin resolverse”.
El dilema entre la ideología y la realidad laboral
El abogado misionero sostuvo que, más allá de las posturas partidarias, es hora de debatir sin prejuicios. “Los que se oponen de manera ideológica a cualquier tipo de reforma, defienden un sistema que ya no funciona. Son cada vez menos los que están dentro del empleo formal, y crece la masa de trabajadores informales o precarizados, lo cual perjudica al conjunto del sistema previsional”, explicó.
En ese sentido, destacó que la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada hace 51 años, no refleja las condiciones del presente. “Estamos hablando de una ley que nació en un país industrial, donde no existía Internet, el trabajo remoto ni las plataformas digitales. Hoy hay trabajadores freelance, profesionales que exportan servicios y empleos híbridos. Pretender que una ley de medio siglo regule ese universo es un error de base”, afirmó.
Durante la entrevista, Franco recordó además que, tras la pandemia, se aprobó de urgencia una ley de teletrabajo que, según su análisis, “resultó poco aplicable”: “El empleador debía garantizar Wi-Fi y equipos informáticos, lo que en la práctica fue inviable. Hay que revisar esa legislación y adaptarla a la realidad sin perder de vista la dignidad del trabajador”.
Indemnizaciones, previsibilidad y la nueva dinámica del empleo
Uno de los puntos centrales del borrador que circula sobre la reforma laboral es la modificación del régimen indemnizatorio. Franco explicó que el Ejecutivo Nacional propone reemplazar el esquema actual por un sistema similar al de la construcción, donde el empleador aporta desde el inicio de la relación laboral a un fondo específico.
“Esto le da previsibilidad al empleador y seguridad al trabajador. Desde el día cero el empresario sabe cuál será su costo ante un eventual despido, y el empleado cuenta con una reserva acumulada. Es un modelo que ya funciona hace años en el sector de la construcción, justamente por la naturaleza inestable de ese trabajo”, detalló.
El abogado destacó que esa lógica podría aplicarse hoy a todos los rubros, ya que “la estabilidad laboral dejó de ser la norma”. “Nuestros abuelos entraban a una empresa a los 18 y se jubilaban allí. Hoy una persona puede cambiar de trabajo entre cinco y diez veces a lo largo de su vida laboral. La movilidad y la inestabilidad son parte del nuevo paradigma del trabajo”, remarcó.
La industria del juicio y los costos laborales judiciales
Franco también advirtió sobre la distorsión judicial que sufren las pequeñas y medianas empresas ante conflictos laborales. “En muchos casos, por vacíos legales, los jueces aplican intereses sobre intereses. Así, cada seis meses se capitaliza el monto, y eso genera un efecto multiplicador que puede llevar a la quiebra de una microempresa. Un despido mal gestionado puede ser letal para una firma chica”, alertó.
El abogado recordó que los juicios laborales pueden extenderse entre cuatro y cinco años, un plazo que perjudica tanto al empleador como al trabajador. “El empleado despedido tiene que esperar años para cobrar su indemnización, y la empresa muchas veces no sobrevive al proceso. Así, el sistema actual no beneficia a nadie, ni al trabajador ni al empleador”, afirmó.
Convenios colectivos: la negociación por empresa bajo debate
Otro de los puntos más sensibles de la reforma propuesta tiene que ver con la posibilidad de que los convenios colectivos puedan negociarse por empresa, y ya no solo por gremio. Este cambio permitiría, en teoría, adaptarse a la realidad productiva de cada empresa, pero también genera preocupación en el movimiento sindical.
Franco se mostró a favor de abrir ese debate, aunque con reservas. “Está bien permitir que las empresas negocien sus propias condiciones, porque no es lo mismo una multinacional que una pyme. Pero esos convenios no pueden ir por debajo del piso que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Ese límite debe ser infranqueable”, remarcó.
El abogado explicó que los convenios colectivos son acuerdos entre sindicatos y cámaras empresarias que complementan la ley, siempre para mejorar las condiciones laborales. “Si se habilita a que cada empresa negocie por separado, se corre el riesgo de debilitar el poder de negociación sindical. Por eso hay que garantizar reglas claras que mantengan los derechos básicos y eviten abusos”, advirtió.
El consenso como condición y la política de empleo como complemento
Uno de los aspectos más valorados por Franco del nuevo escenario político es que, a diferencia de etapas anteriores, el Gobierno Nacional busca lograr consensos en lugar de imponer medidas por decreto. “Es positivo que se convoque a los gobernadores, a la oposición, a las cámaras empresarias y a los sindicatos. Este tipo de reformas no puede resolverse por DNU, porque trascienden una gestión y afectan el futuro del país”, señaló.
Sin embargo, el abogado advirtió que la reforma laboral, por sí sola, no generará nuevos puestos de trabajo. “Si el Estado no acompaña con una política de promoción del empleo, el cambio normativo será solo simbólico. El empleo no se crea por ley, se crea con inversión, capacitación y políticas activas que incentiven al sector privado”, sostuvo.
“Hay que invertir en programas de inserción laboral, formación y aprendizaje, porque sin recursos no hay generación de empleo. Si la meta es que crezca el empleo formal, hay que apoyar a las empresas que contraten y facilitar la transición de la informalidad al trabajo registrado”, agregó.
Una mirada equilibrada hacia el futuro del trabajo
Para Franco, el desafío de la Argentina pasa por modernizar sin precarizar, reformular sin eliminar derechos y conciliar productividad con justicia social. “Hay que entender que una reforma no significa un retroceso, sino una oportunidad de adecuar las normas a la realidad actual. Pero debe hacerse con consenso, diálogo y responsabilidad”, subrayó.
Finalmente, el abogado expresó su disposición a seguir analizando el tema a medida que se conozcan los detalles del proyecto oficial: “Cuando se difunda el texto final, será momento de hacer un análisis más técnico. Pero lo importante es que el país empiece a discutir con seriedad cómo generar empleo formal, competitivo y sostenible”.
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