//
Misiones volvió a poner en agenda el acompañamiento a las personas con discapacidad que perdieron sus pensiones no contributivas. Esta mañana, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli encabezó una conferencia de prensa en la Vicegobernación tras conocerse un fallo favorable de la Justicia provincial.
El mandatario contó que la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en 48 horas cuatro pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja sin el debido proceso. La resolución fue dictada el pasado 5 de septiembre y representa un alivio inicial para cuatro familias afectadas.
Spinelli estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y el abogado Luis Adrián Oudin. En su intervención, Antúnez afirmó: “Para nosotros haber llegado a esta instancia fue también haber agotado todos los procesos de diálogo anteriores. Para las familias, la pensión significa la comida diaria, el acceso al servicio y a la medicación”.
Así Misiones acompaña a personas que perdieron la pensión no contributiva
La funcionaria advirtió además que “todo esto resultó en una múltiple vulneración de derechos. Muchas familias no recibieron la citación debida”. Recordó que desde marzo el Consejo recibe consultas y reclamos de personas afectadas por la baja de los beneficios y dispuso canales de asistencia, como el teléfono 3764-739338 y la sede de avenida Santa Catalina 1778, además del trabajo con los municipios.
Ver esta publicación en Instagram
“Hoy tenemos resultados positivos con los casos que iniciamos, pero seguimos trabajando con toda la documentación de quienes se vean afectados. Este es un servicio gratuito que presta la provincia, porque sabemos que muchos no podrían costear un proceso judicial”, subrayó Antúnez.
La notificación oficial al Gobierno Nacional se concretó el 17 de septiembre y la Justicia fijó un plazo de 48 horas para restituir los beneficios. Desde marzo, el Consejo acompaña tanto los trámites administrativos de rehabilitación de pensiones como a quienes deciden presentar directamente un amparo judicial.
La estrategia de Misiones para lograr resultados concretos
Asimismo, Antúnez explicó que “se presentaron dos tipos de amparos, uno lo hicimos nosotros por particulares, teniendo en cuenta que la Ley 26.854 permite que un juez incompetente pueda dictar una medida cautelar cuando se trate de un sector vulnerable y se vea comprometido el derecho a la salud y la vida digna”.
Indicó que avanzaron en primer término con los casos particulares para lograr una respuesta más rápida de la Justicia. “Esperamos que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la situación que se vive en Misiones”, señaló, al tiempo que remarcó: “Recordemos que las auditorías que se llevaron a cabo fueron totalmente irregulares y afectaron el derecho de los misioneros con discapacidad”.
La titular del Consejo Provincial de Discapacidad recordó que ya obtuvieron las primeras cuatro respuestas favorables en los tribunales. “Seguimos con las presentaciones judiciales y esperamos que tengan el mismo resultado”, afirmó.
En ese sentido, Antúnez sostuvo que “seguiremos con la misma estrategia a medida que no haya una decisión de la Corte Suprema de Justicia”. Reiteró que la vía judicial continuará activa mientras no exista una definición superior.
Respecto de la magnitud del problema, detalló que “fueron alrededor de cinco mil bajas de pensiones, no sabemos su motivo porque el organismo competente no se comunicó”. Y añadió: “Sabemos que muchas personas se enteraron en el cajero que le dieron de baja la pensión”.
Cuestionaron la comunicación de Nación sobre las suspensiones y auditorías
Respecto de las comunicaciones oficiales, Antúnez cuestionó la falta de claridad. “Es confusa, comunicaron a través de medios nacionales que iban a suspender las suspensiones y luego se retractaron”, señaló. Y agregó: “No contamos noticias felices, porque las familias sufren dificultades económicas. Comunicamos que continuamos nuestro trabajo de acompañamiento”.
En paralelo, el Consejo también brinda asistencia con mercadería a las familias más vulnerables. Varias de ellas, según Antúnez, nunca recibieron la carta de citación para ejercer su defensa, aunque sí fueron notificadas por carta documento de la baja de sus pensiones.