Los representantes del oficialismo firmaron un comunicado en el que denunciaban “una operación berreta” y aseguraron que respaldan a la magistrada que la Corte Suprema dejó cesante y que el Senado y el Presidente designaron -a posteriori- en la Cámara de Casación. Pero circulan videos mostrando que efectivamente votaron a favor de los argumentos de la Corte.
Este jueves, los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, el abogado Hector Recalde y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, difundieron un comunicado de prensa para desmentir que hubieran votado un dictamen que recategoriza a Ana María Figueroa como jurado de un concurso, en base a los argumentos por los cuales la Corte Suprema la cesanteó en la Cámara de Casación Penal.
“Las declaraciones públicas y notas periodísticas aparecidas en el día de hoy, respecto a que el Consejo de la Magistratura ‘dejó de considerar jueza’ a Figueroa, configuran una operación berreta que sólo busca confundir a la opinión pública y continuar abasteciendo el infame ataque que Magnetto y Saguier vienen desplegando contra la magistrada desde hace meses”, se despacharon los representantes kirchneristas en el órgano constitucional dedicado al nombramiento y remoción de jueces federales.
Según los representantes del oficialismo en la magistratura, lo que votaron sólo fue “una decisión administrativa respecto de un concurso para cubrir vacantes judiciales en la ciudad de Rosario, cuestión que no guarda absolutamente ninguna relación con su nuevo nombramiento por el término de 5 años”.
En ese sentido, insistieron en que este miércoles no se había discutido la cuestión de fondo y que, para ellos, Figueroa se encuentra legitimada para seguir siendo jueza.
Sin embargo, los mencionados oficialistas en la magistratura levantaron su mano para apoyar el dictamen 8/23, cuyo considerando Nº 6 dice que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Resolución N° 2338/2023 declaró que la doctora Ana María Figueroa ha cesado en sus funciones como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, a partir del 9 de agosto de 2023”.
En tanto, el considerando Nº 7 postula que “la doctora Figueroa forma parte de la Lista de Jurados en su carácter de profesora de la Universidad Nacional de Rosario y, en consecuencia, se debe adecuar la nómina para que la doctora Figueroa deje de integrar la categoría ‘docentes magistrados’, según su nueva situación, y solo se mantenga por su condición de ‘docente de Derecho Constitucional’”.
Es decir, Tailhade y Siley, el camporista Mariano Recalde, la senadora Pilatti Vergara, el abogado laboralista y ex diputado nacional Hector Recalde y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz -hermano adoptivo del Ministro del Interior Wado De Pedro- votaron en consonancia con los argumentos de la Corte para dejar cesante a Ana María Figueroa, quien la semana pasada consiguió el aval parlamentario para continuar en su cargo como vocal de la Cámara de Casación Penal, pero con su derecho extinto por el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Para colmo, sectores opositores hicieron circular por WhatsApp un video de 25 segundos de duración que registra el instante de la puesta en consideración del dictamen. Allí se ve a los seis firmantes del parte de prensa en protesta votando a favor de la “recategorización”de Figueroa, que para el concurso en la UNR aludido, pasa a ser docente sin cargo judicial.
Según LPO, a los habitués de los pasillos de la sede ubicada en Libertad 731 les costó dar crédito de lo que atestiguaban. “Se durmieron”, explicaban en referencia a la distracción por la cual los representantes del kirchnerismo apoyaron un dictamen que abraza los argumentos de la Corte y da por tierra con el discurso del oficialismo en el Senado y con el decreto del Poder Ejecutivo, desingando como jueza a Figueroa.
Desde los tribunales federales de Comodoro Py, por otro lado, uno de los camaristas de la Casación manifestó que lo actuado por el kirchnerismo en la Magistratura “es la confesión más abierta de la incompetencia”.
De acuerdo con dos abogados constitucionalistas consultados por Radio Up 95.5, el conflicto de poderes abierto por la aprobación del pliego de Figueroa, semanas después de que la Corte Suprema la dejara cesante, lo va a resolver el propio supremo tribunal. Y difícilmente, los ministros que firmaron la resolución que dejó cesante a la ex jueza, vuelvan sobre sus pasos para firmar un dictamen opuesto.
