El Presidente de la Nación, Javier Milei, firmó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 627/2025, mediante el cual se restituye formalmente la vigencia de todos los organismos que habían sido disueltos, fusionados o transformados a través de una serie de decretos basados en la Ley de Bases. La medida llega como respuesta directa al rechazo formal que ambas cámaras del Congreso de la Nación emitieron, una decisión que generó un “vacío normativo de extrema gravedad”.
El origen de la controversia
Entre mayo y julio, el Poder Ejecutivo emitió los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, que disponían una profunda reforma del Estado. Incluían la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Asimismo, transformaban al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en unidades desconcentradas dependientes de secretarías, y reorganizaban varias instituciones culturales.
El rechazo del Congreso y sus efectos

El Congreso de la Nación rechazó expresamente los decretos entre el 6 y el 21 de agosto, a través de resoluciones de ambas cámaras. Según el artículo 24 de la Ley 26.122, ese rechazo implica su derogación inmediata.
Sin embargo, la situación creó un problema legal complejo: el rechazo derogaba los decretos hacia adelante, pero no restauraba automáticamente la vigencia de las normas previas, generando incertidumbre jurídica sobre la existencia de organismos vitales.
La solución del Ejecutivo: un DNU para restaurar el statu quo
Frente al vacío legal, el Gobierno emitió el DNU 627/2025, firmado por el Presidente y todo su Gabinete. El decreto establece: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25”.
Esto significa que el INTA, Vialidad Nacional, el INTI, el INASE, el INAFCI y todos los demás organismos recuperan su estatus jurídico, estructura y competencias originales.
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Un episodio de puja de poderes
El episodio refleja una nueva tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Mientras el Gobierno utilizó las facultades delegadas de la Ley de Bases para avanzar con su reforma, el Legislativo ejerció su potestad de control y las rechazó.
Finalmente, el Ejecutivo debió recurrir a un nuevo DNU bajo el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, lo que supone un reconocimiento tácito de la primacía de la voluntad del Congreso.
La medida será ahora remitida a la Comisión Bicameral Permanente, que deberá analizarla e iniciar un nuevo ciclo de revisión parlamentaria.
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