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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso en rechazo a los decretos presidenciales que buscan cerrar o desmantelar organismos estatales clave, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y Vialidad Nacional, además de cuestionar la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos.
“Cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose ceses de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras”, informó ATE en un comunicado difundido en redes sociales.
Aunque aún falta la confirmación oficial del Senado sobre la convocatoria al tratamiento legislativo, el gremio adelantó que la medida de fuerza se realizará en la fecha que se concrete la sesión. “En caso de no ser convocada para esta semana, ATE fijará fecha definitiva a la medida de acción directa a los efectos de exigir que se acelere el trámite parlamentario”, señalaron desde la organización sindical.
Movilización frente al Congreso
Sin perjuicio del paro, ATE mantiene para mañana, miércoles 20 de agosto, una movilización a partir de las 12.00 frente al Congreso, con el objetivo de “exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó: “Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado”.
El dirigente agregó que “sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerza”, y remarcó: “Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal. Tenemos que seguir en la calle para lograr que el Congreso decida que no nos gobiernen por decreto y le ponga freno así a la degradación de nuestra democracia”.
“Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas”, indicó Rodolfo Aguiar. El sindicato también movilizará mañana al Congreso a las 12 para que diputados rechacen los vetos sobre… pic.twitter.com/9UMRqqsD24
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) August 19, 2025
Decretos en la mira
ATE exige que la Cámara alta rechace los decretos que dispusieron el desguace del INTI y el INTA (DNU 462/25), la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25) y la disolución de Vialidad Nacional (DNU 461/25).
Todos estos decretos fueron previamente rechazados por la Cámara de Diputados. De repetirse el mismo resultado en el Senado, dejarían de tener vigencia inmediata.
Fallo judicial a favor de ATE
El 29 de julio de 2025, el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de un recurso de amparo presentado por ATE, ordenando al Gobierno suspender el ajuste en el INTI dispuesto mediante el Decreto 462/25. Este fallo representa un avance judicial que respalda la protesta sindical y refuerza el rechazo al desmantelamiento de organismos estratégicos del Estado.
El paro nacional convocado por ATE se enmarca en un clima de creciente conflictividad social y política en Argentina. Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa un fuerte proceso de ajuste y reducción del Estado mediante decretos, distintos sectores sindicales, científicos y académicos advierten sobre el impacto estructural que tendría el desmantelamiento de organismos estratégicos como el INTI, el INTA o Vialidad Nacional.
La decisión que tome el Senado será determinante: si ratifica el rechazo de Diputados, los decretos perderán vigencia y el plan oficial sufrirá un revés significativo. En cambio, si obtiene respaldo, el Gobierno consolidará un avance clave en su programa de reformas.
En ese escenario, la movilización de ATE busca presionar al Congreso y visibilizar la defensa de los bienes públicos, en un momento donde se define el rumbo de la administración estatal y el modelo de país.
