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El Gobierno Nacional reclamó este jueves la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, a quien calificó como “el Señor del Fentanilo” y responsabilizó por la producción de un lote contaminado de esa sustancia, que —según el comunicado oficial— habría causado más de 100 muertes.
En un mensaje difundido por la Vocería Presidencial, a cargo de Manuel Adorni, el Ejecutivo aseguró que si el juez que lleva adelante la causa, Ernesto Kreplak, no ordena el arresto de García Furfaro “en los próximos días”, procederá a recusarlo por un presunto conflicto de intereses.
Según el texto, el empresario “pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” gracias a contratos con el Estado y mantendría vínculos con Lázaro Báez y con el kirchnerismo. Además, el comunicado apuntó que “Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma”.
EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO
Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y…
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 15, 2025
Acusaciones y defensa de la ANMAT
El comunicado oficial detalló que HLB Pharma no había sido inspeccionada desde febrero de 2020 y que fue la actual administración de la ANMAT la que ordenó la revisión que derivó en la inhabilitación del laboratorio Ramallo, tres meses antes de la primera muerte vinculada al lote de fentanilo.
En su párrafo más crítico, el Gobierno señaló que el juez de la causa es hermano del ministro de Salud bonaerense, lo que —según el comunicado— comprometería su imparcialidad: “Ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención de Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará”.
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Compromiso de ir “hasta las últimas consecuencias”
Finalmente, el Ejecutivo aseguró que “todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado” gracias a la intervención del ministro Mario Lugones, y prometió avanzar “hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas”.
La Corte Suprema ordenó a Tabacalera Sarandí pagar el impuesto mínimo y el Estado podrá reclamar USD 1.400 millones
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