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Este jueves por la mañana, la CTA Autónoma de Misiones junto al Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) presentaron en Plaza 9 de Julio, Posadas, la Campaña por la Absolución de Mónica Gurina y Leandro Sánchez. Ambos son docentes y dirigentes sindicales acusados por su participación en las protestas salariales realizadas en 2024.
Gurina explicó a Radio UP que el fiscal de Instrucción Penal N°7, Dra. Patricia Clérici, los imputó por los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte por tierra”, mientras que el juez de Instrucción N°7, Dr. Miguel Mattos, confirmó el procesamiento. Estas acusaciones se originan en su apoyo al acampe realizado en la avenida Uruguay en junio de 2024, una acción respaldada por asamblea.
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Según Gurina, “los hechos tuvieron un correlato en la política provincial, al intentar limar nuestra rebeldía con traslados, procesamientos de 12 compañeros de salud y docentes, y procesándonos por desobediencia y obstrucción”. Añadió que “nos llevan a juicio oral sin pruebas concretas” y que la intención es “acallarnos y cerciorar el derecho a la protesta”.
Mónica Gurina y Leandro Sánches buscan ser absueltos del juicio oral que tendrán en octubre
Por su parte, Leandro Sánchez recordó a este medio que “tenemos compañeros docentes y trabajadores de la salud que están procesados” en este contexto. La dirigente social informó que el juicio oral está fijado para el 15 de octubre de 2025 a las 8 de la mañana en el Juzgado Correccional y de Menores N°1. Lamagistrada a cargo es Marcela Leiva, y la defensa corre por cuenta de los doctores Eduardo Paredes y Roxana Rivas.
Desde la campaña, sus organizadores denuncian que el proceso judicial representa un intento más amplio de criminalizar la protesta social y perseguir a sindicalistas en Misiones. Esta situación genera preocupación y rechazo en distintos sectores sociales y gremiales que ven vulnerados derechos fundamentales.
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Diversos actores señalaron que el proceso judicial ocurre en un clima de tensión y conflictividad laboral, donde las legítimas demandas de los trabajadores han sido objeto de represalias judiciales. El acampe de junio de 2024 fue parte de un reclamo más amplio por recomposición salarial y mejoras en condiciones laborales que afectaron a la comunidad educativa.
