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El gobierno de Javier Milei presentó una solicitud formal ante la jueza federal Loretta Preska para que revise su orden de exigir a la Argentina la entrega de comunicaciones privadas de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios. El pedido se enmarca en la demanda de fondos especulativos por la expropiación de YPF en 2012, un caso que sigue activo en los tribunales de Nueva York.
La magistrada había accedido previamente al reclamo de los fondos buitre, liderados por Burford Capital, para que el Estado argentino facilitara chats de WhatsApp y correos electrónicos de ex y actuales funcionarios. Sin embargo, la Procuración del Tesoro advirtió que el gobierno no tiene acceso a esos dispositivos, ya que pertenecen a individuos, no al Estado.
“La República Argentina pide a la jueza Preska que reconsidere su orden, pues los dispositivos solicitados no están bajo custodia estatal”, explicó Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales. El escrito presentado subraya que los demandantes no probaron que el gobierno tenga autoridad legal para intervenir cuentas personales.
El texto judicial añade que, según la legislación argentina, los dispositivos y comunicaciones de funcionarios son “propiedad exclusiva de sus dueños”, no del Estado como empleador. Esta postura busca frenar lo que Argentina considera un overreach judicial, ya que el caso central gira en torno a la expropiación de YPF hace más de una década.
La expropiación del 51% de YPF se concretó en abril de 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció la toma de control de las acciones en manos de Repsol. La ley fue promulgada semanas después, pero desde entonces, el país enfrenta múltiples demandas millonarias por la medida.
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Ahora, el foco está en si la justicia estadounidense puede obligar a Argentina a divulgar comunicaciones ajenas a su jurisdicción. La respuesta de Preska podría sentar un precedente sobre los límites de estos reclamos en litigios internacionales.
