Veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Buscan cometer un genocidio silencioso”

Con un mensaje cargado de preocupación, Patricia Giussani, integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), dialogó con Radio Up y expresó su repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada con amplia mayoría en el Congreso. La normativa buscaba garantizar prestaciones, compatibilidad laboral y sostenibilidad en los servicios para personas con discapacidad.

“Implica muchas cosas este evento”, advirtió Giussani, quien enumeró una serie de consecuencias inmediatas: desde el cierre de centros de atención hasta la pérdida del vínculo terapéutico entre profesionales y pacientes.

“Los prestadores no tienen aumento desde diciembre del año pasado. Hay muchísimos que están dejando de dar prestaciones, hay centros que están pidiendo copagos y otros que directamente van a tener que cerrar. Se están fundiendo”, denunció.

Como ejemplo personal, relató el caso de su hija con afasia severa, quien el año pasado cambió cinco veces de fonoaudiólogo.

“Se iban porque necesitaban otro trabajo o porque dejaban de atender discapacidad. Y ahí se pierde el vínculo terapéutico, que es algo que se tiene que formar, solidificar. Sin eso, no hay proceso”, subrayó.

Además de garantizar prestaciones, la ley vetada también proponía compatibilizar el trabajo registrado con las pensiones por discapacidad, una medida clave para promover autonomía y combatir la precarización.

“La función del Estado debería ser allanar los obstáculos, compensar de alguna forma. Todos tenemos una pendiente que escalar, pero la de las personas con discapacidad es más escarpada y con más obstáculos”, explicó.

Giussani también recordó las expresiones discriminatorias vertidas desde organismos oficiales: “En el baremo de principio de año del ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), el doctor Spagnuolo habló de las personas con discapacidad como imbéciles, débiles mentales o inútiles. Eso no es lo que corresponde”, remarcó, en alusión al enfoque estigmatizante de ciertas políticas.

Desde la Asamblea, el panorama en el Congreso se percibe como incierto. “Hay algunos bloques y un montón de diputados que ya nos confirmaron que van a mantener su voto. El problema es que necesitamos dos tercios. Ya los tuvimos cuando se votó, pero el gobierno está presionando, extorsionando, chantajeando para que el veto no se anule”, denunció.

Y agregó que hay sectores legislativos “con los que no se puede hablar”, por su actitud discriminadora y su falta de voluntad de diálogo.

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“Estamos haciendo una campaña firme, hablando con todos los diputados y todos los sectores políticos para que aquellos que se abstuvieron, ahora voten positivamente la insistencia. Votar positivamente la insistencia significa anular el veto”, explicó Giussani.

Consultada sobre si la ley implicaba un gasto fiscal que pudiera afectar el equilibrio económico del gobierno, respondió con firmeza: “Esa es una mentira muy instalada. Todo el soporte a la discapacidad se solventa con el Fondo Solidario de Redistribución, que se alimenta con aportes de los trabajadores y jubilados a sus obras sociales. Nada de esto lo paga el Estado, salvo el Incluir Salud, que representa apenas un 0,01% del PBI”.

Y concluyó con una frase que resume el dolor y la lucha de miles de familias y profesionales del sector: “Aunque se desbalancee, eso no es un argumento válido para cometer un genocidio silencioso”.

“El Garrahan no tiene reemplazo” advirtió su jefa de Epidemiología, Guadalupe Pérez, pidiendo aprobar la Ley de Emergencia Pediátrica. Misiones, entre las provincias más beneficiadas, fue convocada a dar quórum. https://t.co/zCNWgb64Zz

— Radio Up 95.5 (@radioup955) August 4, 2025