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Insólita seguidilla de episodios se conocieron en las últimas horas, vinculados a revisiones y acusaciones directas a funcionarios del Poder Judicial. Esta vez, llegó a Radio Up una denuncia por escrito enviada al Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Misiones solicitando la remoción y jury del juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, a quien acusan de allanamiento ilegal y prevaricato.
La presentación fue firmada por Florencia Aguirre, influencer y profesional de la salud que actualmente reside fuera de la provincia. Según el escrito, advirtió una serie de hechos “gravísimos y probados” que, recalcó, “constituyen múltiples violaciones al orden constitucional, legal y convencional vigente".
Su denuncia apunta a un allanamiento firmado y ordenado por Monte realizado el 2 de noviembre de 2024 en su domicilio, el de su hermana y el de un vecino, en el marco de una denuncia por “calumnias e injurias” que le habría impuesto una administrativa de una organización provincial. La denunciante sostiene que se trató de un operativo "ilegal, ilegítimo y violento", con uso desproporcionado de fuerza y sin justificación judicial válida.
Denuncia a juez por alterar expediente judicial
Además, en el escrito acusó al juez Monte de modificar declaraciones testimoniales en el expediente, alterar documentos públicos y de no incorporar al archivo su propia declaración testimonial que -según contó- la dio vía llamada de WhatsApp por pedido de la Secretaría del Juzgado. Entre las pruebas ofrecidas, la mujer ratificó tener copias descargadas de versiones anteriores del expediente, en las que se constatarían las modificaciones en los relatos, particularmente el de la denunciante original.
Otro punto polémico de la denuncia refiere a la supuesta difusión no autorizada de datos personales extraídos de un celular secuestrado durante el allanamiento, algo que acusó “se trató de una violación del derecho a la intimidad y al habeas data”.
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Denunció traslado arbitrario
La presentación, que fue enviada en la tarde de este jueves, también alertó sobre presuntas represalias institucionales: la mujer menciona el traslado arbitrario de su hermana, trabajadora del Poder Judicial, algo que reconoció como un acto de hostigamiento por su condición de denunciante. “El uso del aparato judicial y administrativo en contra de civiles denunciantes viola garantías constitucionales básicas”, recalcó en el escrito.
El caso cobra otro tinte de gravedad al conocer las consecuencias personales que la denunciante atribuye al accionar judicial. Según compartió, producto de ese allanamiento y caso judicial que comenzó en noviembre del año pasado, sufrió la pérdida de un embarazo, daño psicológico hacia sus hijos menores, violencia física y retención de bienes de terceros.
También denunció que se difundieron datos falsos sobre lo incautado durante el allanamiento al que fue sometida. Sobre esto, defendió a Radio Up que “en mi casa no encontraron droga, lo que llegaron a incautar era de mi vecino y era nada”.
En su petitorio, la denunciante requirió la apertura de un proceso de juicio político, la auditoría de las actuaciones judiciales y el resguardo de pruebas documentales. Pedido que deberá ser analizado por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento para determinar si se le da lugar a la investigación contra el juez Monte o si se la rechaza.
En el documento también pidió que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a organismos internacionales por presunta vulneración de derechos fundamentales.
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— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 31, 2025
