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El Gobierno argentino presentará hoy un escrito fundamental ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de mantener la suspensión de la orden judicial que exige entregar acciones de YPF en el marco del juicio internacional por la expropiación de la petrolera.
La presentación se realizará este martes, fecha en la que vence el plazo judicial, luego de que el lunes circularan versiones incorrectas sobre una supuesta respuesta oficial. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación se aclaró que ese día sólo se entregaron los formularios C y D, necesarios para dar curso formal a la apelación, pero no el escrito de contestación en sí.
“Argentina aún no ha presentado ningún escrito de respuesta. Lo hará en el plazo previsto por la justicia estadounidense”, indicaron desde la Procuración, que además recordó que es el único organismo autorizado a comunicar información oficial sobre el caso. También señalaron que la difusión de datos erróneos “sólo contribuye a confundir a la opinión pública y a entorpecer la defensa del interés nacional”.
La intención del Gobierno es lograr que el tribunal extienda la suspensión de la entrega de acciones de YPF durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo, ya que la medida actual solo cubre las presentaciones inmediatas de las partes.
Este nuevo paso legal se da luego de que los beneficiarios del fallo, que condena a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, informaran al tribunal que no buscan quedarse con las acciones de la empresa, aunque exigen una garantía para seguir adelante con la apelación. Ese cambio de postura se produjo después del respaldo del Gobierno de Estados Unidos a la posición argentina, a través de la presentación de un amicus curiae.
La estrategia legal del Ejecutivo busca evitar el riesgo de desacato judicial en caso de que la Corte rechace su pedido. Si eso ocurriera, la orden de la jueza Loretta Preska se reactivaría y el país podría quedar expuesto a sanciones financieras o consecuencias negativas en los mercados internacionales.
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En Estados Unidos, un fallo por desacato implica la desobediencia a una resolución judicial. Aunque no está contemplado específicamente para un Estado soberano, puede derivar en multas y afectar la confianza internacional en la Argentina, dificultando aún más el acceso al crédito y el diálogo con organismos financieros globales.
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