//
En medio de una fuerte tensión política, el Senado se prepara para abrir este jueves a las 14 una sesión sin precedentes, con la oposición decidida a tratar una serie de iniciativas sensibles para el Gobierno nacional. La reunión llega en un contexto de incertidumbre reglamentaria y sin convocatoria formal, lo que abre interrogantes sobre la validez del procedimiento.
La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió ayer a representantes de distintos bloques en un encuentro informal, donde se enteró de la decisión de autoconvocar la sesión. Aunque intentó postergar el movimiento opositor, no logró evitarlo. Siete proyectos aparecen como prioritarios, entre ellos el aumento del bono previsional, la emergencia en discapacidad y la moratoria jubilatoria, todos con media sanción de Diputados.
También figuran iniciativas que reclaman los gobernadores, como el reparto automático de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Se suman el veto presidencial a la ley de emergencia para Bahía Blanca y una declaración sobre la situación judicial de YPF. La disputa por el orden del temario será central, ya que no hay Labor Parlamentaria.
El secretario parlamentario Agustín Giustinian advirtió en una resolución que los dictámenes de la Comisión de Presupuesto no son válidos, por no haberse respetado el procedimiento formal. Esta postura generó fuertes críticas del interbloque peronista, cuyo jefe, José Mayans, no descartó pedir la remoción del funcionario. A la controversia se sumó el libertario Ezequiel Atauche, quien incumplió su promesa de abrir comisiones.
Si la sesión logra quorum, lo que parece probable, algunos proyectos podrían avanzar por mayoría simple, como la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000 y el incremento del haber mínimo en 7,2%. En cambio, otros puntos como la coparticipación del impuesto a los combustibles necesitarán dos tercios, ya que no pasaron por comisión.
Leé también: La vicepresidenta Villarruel celebró la Patria y marcó distancia de Milei
Una parte del debate gira también en torno a la legalidad de las reuniones que impulsaron los dictámenes. Según Giustinian, al no haber convocatoria formal ni publicidad del acto, se compromete la transparencia y el control ciudadano. Pese a eso, varios bloques confían en que la sesión se realizará y que los temas lograrán avanzar.
