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La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó en las últimas horas dos capítulos clave: por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal revisará el beneficio de prisión domiciliaria que le fue otorgado y la colocación de una tobillera electrónica, tras las apelaciones presentadas por la fiscalía y la defensa, respectivamente.
Al mismo tiempo, el juez Jorge Gorini solicitó a la Corte Suprema la intervención de su cuerpo de peritos para fijar el monto actualizado del decomiso que se le exigirá a la ex presidenta y a los demás condenados en la causa Vialidad, con una cifra base de 86.000 millones de pesos por el perjuicio económico ocasionado al Estado entre 2003 y 2015.
Casación revisará la prisión domiciliaria y la tobillera electrónica de Cristina
La Cámara Federal de Casación Penal revisará la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la decisión judicial que le impuso una tobillera electrónica como parte de su detención. Ambas medidas fueron apeladas y quedaron listas para ser evaluadas por la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
Los recursos fueron impulsados por el fiscal Diego Luciani, por un lado, y la defensa de la ex mandataria, por el otro. El Ministerio Público Fiscal reclama que Cristina Kirchner cumpla su condena a seis años de prisión en una cárcel común, sin el beneficio de la domiciliaria. En paralelo, el abogado defensor Carlos Beraldi cuestionó la colocación de la tobillera electrónica, y sostuvo que hubo una interpretación errónea de la ley penal.
“Se ha efectuado una errónea interpretación de la ley sustantiva, en particular, en lo que refiere al artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal”, advirtió Beraldi. Además, insistió en que “la trascendencia que reviste la resolución puesta en crisis debe ser objeto de un control judicial amplio por parte de un tribunal superior, con el fin de salvaguardar la garantía del doble conforme”.
Las decisiones impugnadas fueron dictadas por el Tribunal Oral Federal 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que en diciembre de 2022 condenaron a Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad.
A su vez, el TOF 2 debe resolver si autoriza que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, visite a Cristina Kirchner en su lugar de detención: el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La solicitud fue presentada por la defensa de la ex jefa de Estado y se encuentra aún sin resolución.
Por otro lado, la Sala IV de Casación ya fijó una audiencia para el lunes 7 de julio, en la que tratará un recurso vinculado a la limitación del régimen de visitas que se impuso a la ex mandataria.
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Gorini pidió a la Corte Suprema fijar el decomiso por $86.000 millones
Mientras tanto, el juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena en la causa Vialidad, presentó un pedido de decomiso ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema, con una cifra base de 86.000 millones de pesos, correspondiente al perjuicio económico causado al Estado. El monto aún debe ser actualizado.
Según se desprende del fallo, entre 2003 y 2015 el 86% de las obras viales nacionales en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, mediante licitaciones direccionadas, simulación de competencia, pagos privilegiados y sin controles adecuados.
El cálculo original del daño económico se basó en peritajes de cinco obras testigo, entre ellas tres tramos de la Ruta Nacional 3, y fue ampliado con indicadores de colusión empresarial y sobreprecios. En su resolución, el TOF 2 consideró que se trató de:
“Una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”.
El decomiso será exigido a los nueve condenados en el caso, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti. Una vez determinado el monto actualizado, los condenados serán emplazados a abonar sus respectivas partes en un plazo de diez días hábiles. Si no lo hacen, se procederá a la ejecución de sus bienes.
En ese marco, el fiscal Diego Luciani ya entregó un informe patrimonial de 40 páginas con detalles sobre propiedades y empresas registradas a nombre de los implicados, según informó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.
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— RadioUp (@radioup955) July 2, 2025