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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió remitir a la Cámara Federal de Casación la apelación presentada por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el objetivo de que se permita que la expresidenta reciba visitas sin la necesidad de una autorización judicial previa. La decisión llega tras un recurso interpuesto por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes argumentan que la imposición de dicha restricción en su prisión domiciliaria es incompatible con sus derechos fundamentales.
El planteo cuestiona una decisión del mismo tribunal que impuso la obligación de que todas las visitas que reciba Kirchner deban ser aprobadas por un juez. Según los abogados, esta imposición limita su derecho a una vida familiar y social normal.
En el recurso, la defensa explica que la expresidenta debe reunirse frecuentemente con su equipo de contadores y abogados, quienes la asisten en otros procesos judiciales y en la gestión administrativa de sus asuntos cotidianos. Además, subraya que el derecho a mantener relaciones con amigos y allegados, parte esencial de la vida de cualquier persona, también se ve restringido bajo esta normativa.
El TOF 2, en su resolución, destacó que el recurso había sido presentado dentro de los plazos legales y que la apelación era procedente. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu señalaron que el agravio presentado se enmarca dentro de la interpretación de la ley sustantiva, lo que les permitió remitir el caso a la Cámara Federal de Casación para su análisis.
La defensa de Kirchner también argumentó que la resolución
La defensa de Kirchner también argumentó que la resolución actual vulnera los derechos políticos de la vicepresidenta, quien sigue siendo presidenta del Partido Justicialista (PJ) y mantiene una agenda política activa. Según los abogados, la restricción para recibir visitas de otros líderes políticos nacionales e internacionales podría afectar su rol como dirigente.
En el recurso, se subraya que la normativa vigente no otorga facultades a los jueces para imponer reglas de conducta adicionales a los acusados que cumplen arresto domiciliario, más allá de la privación de libertad establecida por la pena.
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La medida carecería de base normativa y afectaría no solo los derechos de Cristina
La defensa sostiene que si no se revierte la decisión sobre las visitas, la medida carecería de base normativa y afectaría no solo los derechos de Cristina Kirchner, sino también los de los millones de personas que representa, lo que podría tener repercusiones en el sistema democrático y republicano del país.
Por su parte, la Cámara Federal de Casación será la encargada de decidir si se mantiene o modifica la medida, en un fallo que podría sentar un precedente importante sobre las condiciones del arresto domiciliario en el sistema judicial argentino.
