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Este miércoles, el Tribunal Penal N° 1 de Oberá comenzará a juzgar a Marcelo Núñez, ex mburuvicha (cacique) de la comunidad Mbya guaraní Tarumá Poty, acusado por la muerte de su pareja María Solange Rabela, ocurrida en abril de 2020, durante los inicios de la pandemia. El caso está caratulado como “homicidio agravado por femicidio”, aunque la defensa sostiene que no hay pruebas de que se haya tratado de un asesinato.
Cinco años preso sin condena y una investigación cuestionada
Núñez permanece en prisión preventiva desde hace más de cinco años, un plazo que supera los límites legales vigentes. Según su abogado defensor, Jorge Zabulanez, la investigación fue negligente y se desarrolló con un sesgo discriminatorio hacia la comunidad indígena.
“Actuaron con total malicia, con total inoperancia. No respetaron ningún protocolo”, afirmó Zabulanez sobre el accionar de los efectivos policiales que exhumaron el cuerpo con pala y asada, afectando la posibilidad de un análisis forense riguroso.
El abogado agregó que el estado del cuerpo desmembrado podría explicarse por el proceso de incineración sugerido en su momento por el personal de salud que asistía a la comunidad, sumado al mal manejo en el terreno.
La versión del ex cacique y el rol del personal de salud
Núñez sostiene que comunicó el fallecimiento de su pareja a la médica comunitaria Adriana Ferreyra Díaz y al camillero Ricardo Zabal, quienes admitieron en el expediente haber sido informados de la muerte. Ambos se negaron a inspeccionar o trasladar el cuerpo, alegando posibles riesgos sanitarios por COVID-19.
“Antes de retirarnos del lugar le comentamos al señor –en relación a Núñez– que tratara de solucionar el tema del traslado del cuerpo antes de que este comenzara a descomponer”, declaró Zabal ante la Justicia.
El ex cacique afirma haber seguido las indicaciones del personal de salud, quienes habrían sugerido la incineración del cuerpo ante la imposibilidad de intervención médica o logística por las restricciones de pandemia.
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Un proceso judicial con deuda intercultural
La causa plantea fuertes cuestionamientos al sistema judicial misionero, no solo por el exceso en la prisión preventiva, sino también por la falta de perspectiva intercultural en la investigación.
Desde la defensa se denuncia que no se respetaron los modos de vida y costumbres de la comunidad guaraní, ni se tomaron recaudos para actuar con sensibilidad ante un contexto atravesado por la pandemia y las barreras de acceso al sistema de salud.
El juicio, que inicia este 18 de junio, podría convertirse en un caso testigo sobre la relación del Poder Judicial con las comunidades originarias, y sobre cómo los prejuicios estructurales pueden incidir en la administración de justicia.
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