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Alerta en Posadas por posible desalojo. El bloque del Partido Agrario y Social (PAyS) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura de Misiones en el que manifiesta su rechazo a los intentos de desalojo que afectan a familias del Barrio Chacra 190 de El Laurel, en Posadas, quienes cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar (CVF) emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
La iniciativa, firmada por los diputados Cristian Castro y Blanca Alvez, señala que la problemática no es nueva y que la principal afectada es Teresa Alvez Ferreyra, una vecina que reside en el barrio desde hace 28 años, con domicilio acreditado mediante boletas de servicios y documentación respaldatoria.
Alerta en Posadas por contradicción con la ley vigente
El documento legislativo denuncia que, desde 2023, Teresa fue objeto de tres intentos de desalojo impulsados por un supuesto propietario, identificado como exfuncionario de una empresa estatal. A pesar de haber presentado pruebas de posesión, incluido un pagaré de compra del año 1998, las amenazas continúan y se han sumado intimidaciones constantes del abogado del denunciante.
El caso viola, según el PAyS, lo establecido en la Ley N° 27.453, que en su artículo 15 —modificado por la Ley N° 27.694— suspende por diez años, a partir del 29 de octubre de 2022, cualquier acción judicial de desalojo en viviendas incluidas en el RENABAP. Esta disposición es de orden público, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio.
Certificado de Vivienda Familiar: un derecho ignorado
El Certificado de Vivienda Familiar, creado por el Decreto 358/2017, reconoce la posesión legítima de familias en barrios populares, y debe ser reconocido por organismos estatales y privados. El CVF permite a las familias acceder a servicios públicos, iniciar trámites ante la justicia y acreditar domicilio ante cualquier autoridad.
En el caso de Teresa, además de poseer este certificado, la familia ha debido organizar actividades comunitarias para costear la defensa legal, vendiendo empanadas y pastelitos entre vecinos, lo que da cuenta de la vulnerabilidad social que enfrentan, lo que desató la alerta en Posadas.
Un conflicto que se extiende
La situación de Teresa no es un caso aislado que lanzó la alerta en Posadas. Otras familias del barrio también enfrentan amenazas similares, y al menos un vecino fue desalojado por no poder demostrar la posesión veinteañal. Las autoridades del PAyS advierten que la persecución judicial desconoce las leyes vigentes y vulnera derechos humanos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna.
Además, se denunció que en dos oportunidades se retiró el medidor de energía eléctrica a la familia, cortando el suministro sin orden judicial, lo que agrava el impacto emocional y sanitario para una persona de edad avanzada y con problemas de salud como Teresa.
Legisladores piden frenar los abusos
“Estas familias no son usurpadoras, sino vecinos que accedieron a sus lotes de buena fe, a través de compras realizadas hace décadas. Como legisladores, debemos garantizar que las leyes se cumplan y actuar en defensa de quienes más lo necesitan”, expresaron los diputados Castro y Alvez.
El proyecto presentado exige al Estado provincial actuar con urgencia para evitar nuevos desalojos ilegales y garantizar la integración socio urbana, tal como lo promueve la legislación nacional vigente. También se solicita al Poder Judicial abstenerse de continuar procesos que contravengan la suspensión legal de desalojos en barrios reconocidos por el RENABAP. Por ahora, la alerta en Posadas está vigente.
