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En medio de la creciente polémica por los aumentos automáticos en las dietas de los senadores, los tres legisladores nacionales por Misiones decidieron dar un paso al costado y renunciar formalmente al incremento salarial, que llevó las percepciones brutas de los representantes de la Cámara Alta a cifras superiores a los 9,5 millones de pesos mensuales.
La medida fue adoptada por Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, y por Martín Goerling, senador por el PRO, quienes notificaron su decisión por escrito, tal como lo habilitó el decreto emitido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El documento permitía a los legisladores "adecuar o no" sus dietas en función del aumento paritario acordado por los empleados legislativos, con el que están vinculados por una cláusula aprobada por el propio Senado en 2024.

Una decisión que marca distancia
La decisión de los senadores misioneros se enmarca en una ola de renuncias que incluyó a referentes de diferentes bancadas, en su mayoría oficialistas libertarios y legisladores de bloques dialoguistas como el PRO y la UCR.
Según el listado difundido por la Agencia Noticias Argentinas (NA), más de 30 senadores elevaron su nota de rechazo al aumento, en una reacción que busca despegarse del rechazo social generado por los elevados salarios legislativos en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
En cumplimiento del Decreto 344/25, he renunciado al aumento de dietas recientemente dispuesto. pic.twitter.com/8rAAi799EH
— Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) June 12, 2025
Entre los nombres destacados de los 35 legisladores que se sumaron a la renuncia figuran Luis Juez (PRO), Martín Lousteau (UCR), Bartolomé Abdala (LLA), Pablo Blanco (UCR), Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas), entre otros.

ARCHIVO FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA,
¿Cómo se gestó el conflicto?
La historia comenzó en abril de 2024, cuando el Senado votó a mano alzada una resolución que ataba automáticamente sus dietas a las actualizaciones salariales del personal legislativo, sin pasar por nuevas votaciones públicas. Aunque en ese momento el aumento fue postergado hasta fin de año, el congelamiento expiró el 31 de marzo de 2025.
En abril de este año, el aumento se activó de forma automática, y el cambio se vio reflejado directamente en los haberes de mayo. Los senadores no hicieron nada para frenar el incremento, por lo que sus ingresos se duplicaron, pasando de aproximadamente 4,5 millones a más de 9 millones de pesos brutos.
La polémica se reactivó esta semana con el nuevo tramo de la paritaria legislativa. Frente a las críticas del Poder Ejecutivo, que denunció privilegios políticos y falta de sensibilidad social, Villarruel emitió un decreto que permitió a los senadores renunciar al aumento, total o parcialmente.

El silencio del kirchnerismo
Según el relevamiento de NA, los únicos senadores que no presentaron renuncia al aumento pertenecen al bloque del kirchnerismo, que lidera el formoseño José Mayans. Consultados por la agencia, varios de sus integrantes evitaron responder o deslizaron que no era el momento de hacer declaraciones por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta una condena a 6 años de prisión y debe presentarse a la Justicia en los próximos días.
En paralelo, algunos legisladores justicialistas criticaron lo que consideran una campaña de estigmatización del Congreso. “El sueldo real no es el que dice el Gobierno. Habría que hablar de lo que queda después de descuentos”, indicaron fuentes del bloque en estricto off the record.
Sueldos, percepción y contexto social
La situación de las dietas legislativas se convirtió en un nuevo eje de tensión entre el Gobierno y el Congreso. Desde Casa Rosada impulsan públicamente el debate sobre los costos de la política, mientras que el oficialismo libertario intenta mostrarse alineado con el ajuste y la austeridad fiscal.
En ese contexto, la decisión de los tres senadores misioneros de renunciar al aumento de sus dietas fue bien recibida por diferentes sectores sociales y políticos de la provincia. A la espera de un nuevo esquema de actualización que no genere escándalos ni aumentos automáticos, el gesto simbólico cobra fuerza en un escenario de alta sensibilidad económica.



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