El proyecto de ley que regula las ciberapuestas en línea y establece fuertes restricciones a su promoción se encuentra en tratamiento en el Senado, luego de haber recibido media sanción en Diputados en 2024. Sin embargo, su avance ha sido lento, pese a que aborda una problemática urgente que afecta a miles de adolescentes y jóvenes en todo el país.
Tras meses de estancamiento legislativo, la iniciativa fue reactivada por la senadora peronista Lucía Corpacci, actual presidenta de la Comisión de Salud, quien reimpulsó el debate y confirmó que los asesores están trabajando tanto sobre el texto aprobado en Diputados como sobre 22 proyectos similares presentados en la Cámara alta.
“La idea es avanzar hacia un dictamen unificado. Ya se logró reducir el número de comisiones intervinientes y se convocará a una reunión plenaria”, afirmó Corpacci.

Un problema de salud pública: ludopatía juvenil en aumento
Durante la última reunión de la comisión, se realizaron exposiciones sobre ludopatía digital y los efectos de las ciberapuestas en la salud mental. Disertaron Miguel Tollo, presidente del Foro de Infancias, y Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones.
Ambos remarcaron el creciente acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas, muchas veces sin ningún tipo de control o filtro, en un contexto en el que la adicción al juego digital avanza a gran velocidad.
Según datos citados durante la jornada: 8 de cada 10 adolescentes conocen o han accedido a apps o webs de apuestas en el último año. De ese grupo, el 37% lo hace muy seguido o todos los días.
Artículo 8: el corazón restrictivo del proyecto
El texto aprobado en Diputados establece limitaciones estrictas, especialmente en su artículo 8, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en todo el país.
Esto incluye:
Plataformas digitales y redes sociales
Tecnologías de la información y la comunicación
Publicidad audiovisual, gráfica y exterior
Indumentaria deportiva, espectáculos masivos y cartelería
Medios televisivos, radiales, y cualquier formato presente o futuro
La única excepción contemplada es la posibilidad de publicitar dentro de espacios habilitados como casinos, bingos, hipódromos o agencias de lotería.
Además, se prohíbe el acceso de jóvenes a las plataformas digitales de juego y se penaliza con penas de 3 a 8 años a quienes organicen o administren apuestas sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

Debate legal: Nación vs provincias
El carácter restrictivo del proyecto despertó debates sobre el alcance del Congreso en una temática que algunas provincias consideran de jurisdicción local. No obstante, los impulsores del texto en Diputados defienden su validez nacional, argumentando que la regulación del juego en línea debe abordarse como una política de salud pública.
“El Estado nacional no puede mirar para otro lado cuando se multiplican las adicciones digitales que afectan a menores”, enfatizó uno de los promotores del proyecto.
Señales desde la Iglesia y el Ejecutivo
Otro actor que presiona por el avance del proyecto es la Iglesia Católica. En febrero pasado, elevó su preocupación a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado. Aunque su única reacción fue repostear una nota de la agencia AICA en X, el gesto fue interpretado como un guiño simbólico a favor de la iniciativa.
Urgencia vs. burocracia
El tratamiento del proyecto ilustra una tensión persistente entre la urgencia social de legislar y la lentitud institucional para hacerlo. Mientras la ciberludopatía se expande sin control, el Congreso aún no logra definir una estrategia clara para poner freno a una industria en crecimiento que opera en la frontera de la legalidad.
La próxima reunión plenaria será clave para saber si el Senado avanzará hacia un dictamen unificado o si el tema seguirá encajonado mientras crecen los riesgos para una generación hiperconectada, expuesta a dinámicas de juego compulsivo desde edades cada vez más tempranas.



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