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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra Lázaro Báez y otros 21 implicados en la causa “Ruta del dinero K”, al desestimar por "inadmisibles" los recursos presentados por las defensas. Esta decisión marca un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos provenientes de la corrupción estatal.
El fallo ratifica la pena de diez años de prisión para el empresario Lázaro Báez, condenado por maniobras de lavado de más de 55 millones de dólares realizadas entre 2010 y 2013. Las operaciones involucraron estructuras financieras en el país y el exterior, y cobraron amplia notoriedad tras la difusión del video de “La Rosadita” en 2016, donde se lo vio a su hijo manipulando fajos de dinero.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes invocaron el artículo 280 del Código Procesal para desestimar sin necesidad de argumentación. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La Corte también rechazó los recursos de la defensa de Cristina Kirchner, pero su situación judicial sigue en etapa de instrucción. Aunque fue inicialmente sobreseída por el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal revocó esa decisión luego de que una ONG fuera aceptada como querellante.
Entre los condenados que quedaron firmes se encuentran Martín Báez (6 años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (6 años), Julio Mendoza (5 años), y Leonardo Fariña (3 años y medio). También fueron ratificadas las penas contra Fabián Rossi, el exdirectivo suizo Juan De Rasis, y otros miembros vinculados a la financiera SGI y Austral Construcciones.
El fallo incluye multas de hasta USD 328 millones y decomisos por USD 65 millones, uno de los más altos en casos de corrupción en Argentina. El Tribunal Oral Federal 4, que llevó adelante el juicio entre 2018 y 2021, será el encargado de evaluar la ejecución de las penas restantes.
La causa comenzó en 2013 por un informe periodístico y se fortaleció con pruebas audiovisuales que expusieron el mecanismo de lavado. Se estableció que las maniobras eran precedidas por evasión fiscal y uso de facturación apócrifa, en el marco de contratos millonarios con el Estado a través de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez.
Con esta sentencia definitiva, el expediente se consolida como uno de los más avanzados y emblemáticos en materia de corrupción, y deja abierta la puerta a nuevas derivaciones en causas conexas vinculadas a exfuncionarios.
