//
A poco más de un mes de que venza la rebaja impositiva vigente, el sector agropecuario reclama que no se restablezcan las alícuotas plenas sobre la soja, el maíz y otros cultivos. La decisión oficial de mantener los beneficios solo para trigo y cebada hasta marzo de 2026 no alcanzó para calmar los ánimos.
El agro sostiene que las retenciones son un obstáculo para producir, invertir y exportar con competitividad. Si bien celebran la continuidad de los beneficios sobre la campaña fina, advierten que limitar la rebaja al trigo y la cebada discrimina al resto de los cultivos, que también enfrentan altos costos y una fuerte presión fiscal.
La incertidumbre sobre lo que sucederá el 1 de julio, cuando finalice la rebaja actual, se suma a un contexto global volátil, con precios en baja y costos en alza. El campo considera clave contar con previsibilidad tributaria para planificar siembras y proyectar inversiones.
En paralelo, los Derechos de Exportación (DEx) muestran un repunte significativo. En abril, la recaudación creció 12% frente a marzo y 108% en términos interanuales, muy por encima del índice de inflación. En moneda dura, se alcanzaron los 589 millones de dólares, un 64% más que en el mismo mes de 2024. El acumulado anual ya supera los 2.170 millones.
Mayo se perfila como el mes de mayor liquidación de divisas por ventas externas del agro. La participación de los DEx en la recaudación total se ubicaría en torno al 5,3%, un punto porcentual por encima del promedio anual. Se estima que, solo en este mes, las retenciones podrían aportar unos $700.000 millones al Tesoro.
Sin embargo, para los productores, esta mejora en la recaudación no justifica volver a una presión fiscal que consideran excesiva. Insisten en que una reducción sostenida de retenciones permitiría ampliar la frontera productiva, atraer inversiones y consolidar una recuperación más robusta de la economía argentina.
Leé más: El Gobierno habilitará pagos y cuotas con tarjeta de crédito en dólares en Argentina
El conflicto entre el campo y el gobierno nacional por la continuidad de la rebaja de retenciones refleja una tensión estructural de la economía argentina: la disputa entre las necesidades fiscales del Estado a corto plazo y los incentivos productivos necesarios para lograr crecimiento sostenible a largo plazo. Mientras el fisco busca asegurar ingresos inmediatos vía Derechos de Exportación, el agro sostiene que ese esquema impositivo penaliza la inversión, desalienta la siembra y termina reduciendo la base imponible en el futuro. Este dilema expone la dificultad de compatibilizar equilibrio fiscal con desarrollo productivo en un contexto de fragilidad macroeconómica.
Desde el punto de vista teórico, el planteo del sector agropecuario se apoya en principios del liberalismo económico clásico y de la microeconomía moderna: una menor presión tributaria genera incentivos a producir más, invertir y exportar, lo que —en teoría— ampliaría la actividad y la recaudación por otros canales, como el impuesto a las ganancias o el IVA. Además, desde la perspectiva del comercio internacional, gravar exportaciones es contraproducente para un país con ventajas comparativas claras en la producción de alimentos, y reduce su competitividad global.
Por otro lado, el gobierno opera bajo la lógica de la urgencia fiscal: necesita mostrar superávit primario, cumplir metas de ajuste y asegurar reservas, incluso si eso implica postergar la eliminación de impuestos distorsivos como las retenciones. Esta postura encuentra respaldo en una visión más pragmática del rol del Estado como garante de la estabilidad macroeconómica. El resultado es un modelo impositivo que, si bien genera ingresos en el corto plazo, deja al descubierto una agenda pendiente: cómo pasar de un esquema fiscal extractivo a uno que premie la producción, sin resignar la solvencia del Estado.
