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El gobierno argentino inició esta semana negociaciones confidenciales con Estados Unidos para intentar frenar el impacto de los aranceles recíprocos impuestos por la administración de Donald Trump. Aunque los vínculos personales y políticos entre Javier Milei y el presidente republicano son sólidos, eso no alcanzó para evitar que el país quedara en medio de la escalada proteccionista que busca fortalecer la economía estadounidense frente a China y otros competidores globales.
La gestión libertaria decidió enviar una delegación oficial a Washington encabezada por Luis María Kreckler, un diplomático de carrera especializado en comercio exterior, con la misión de llegar a un entendimiento antes de julio, cuando vence la tregua que suspendió temporalmente los nuevos aranceles. Las conversaciones se desarrollan en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo estricta confidencialidad, en cumplimiento de un acuerdo de reserva firmado por los enviados argentinos.
En los documentos oficiales publicados por el USTR, Argentina aparece mencionada como un país que impone barreras significativas al ingreso de productos y servicios estadounidenses. Entre los principales reclamos figuran la falta de protección adecuada a la propiedad intelectual, las demoras en la aprobación de patentes farmacéuticas y agroquímicas, y la proliferación de productos falsificados en mercados como La Salada y Once, que figuran en la lista negra del comercio internacional.
El informe también señala obstáculos en el acceso al mercado cambiario y restricciones legales que dificultan la acción judicial contra la piratería. Aunque el gobierno argentino ya tomó algunas medidas para corregir estos puntos, aún restan reformas de fondo. Por eso, en estas reuniones se anticipa el compromiso oficial de avanzar por etapas: primero con decretos presidenciales y luego, después de las elecciones de octubre, mediante proyectos de ley que respondan a los pedidos históricos de Estados Unidos.
En este marco, Argentina busca asegurar condiciones de acceso comercial que no afecten su ya golpeado sector exportador. La estrategia oficial es clara: ceder en lo necesario para evitar que se dispare una guerra de aranceles que encarecería los productos nacionales en el mercado estadounidense y pondría en jaque miles de empleos vinculados a la exportación.
