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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un ambicioso plan de reforma tributaria que apunta a modificar el esquema actual del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta, aún en desarrollo, busca dividir el IVA en dos componentes: uno nacional y otro provincial, con la intención de fomentar la competencia fiscal entre las jurisdicciones del país.
Según lo expresado por Caputo, la Nación mantendría un 9% del actual 21% del IVA, mientras que el resto quedaría en manos de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que podrían fijar su propia alícuota. De esta manera, el oficialismo espera que las provincias compitan por atraer inversiones mediante una carga impositiva más baja.
La iniciativa fue bien recibida por tributaristas, quienes destacaron que el esquema podría incentivar la eficiencia tributaria. Sin embargo, advierten que su implementación requerirá condiciones específicas para funcionar adecuadamente, como la firma de un nuevo Pacto Fiscal y la integración del impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales al nuevo sistema de IVA provincial.
Además de la complejidad operativa que conlleva el proyecto, los expertos subrayan que uno de los principales desafíos será la administración del impuesto para contribuyentes con actividades en múltiples provincias. Actualmente, muchas empresas enfrentan saldos a favor difíciles de recuperar debido a regímenes de recaudación que exceden los límites territoriales, una situación reiteradamente señalada por la Unión Industrial Argentina (UIA).
Según un informe reciente de la UIA, al 31 de marzo de 2024, las empresas relevadas acumulaban más de $41.000 millones en saldos a favor, de los cuales un 40% se originaban en provincias donde no tienen establecimientos.
En lo político, la propuesta también enfrenta obstáculos. La aprobación del nuevo esquema requeriría una mayoría especial en el Congreso, ya que el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que cualquier modificación estructural en la distribución de impuestos necesita el aval de una mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras. Esto representa un desafío significativo para el oficialismo, especialmente frente a provincias más dependientes de la coparticipación, que podrían oponerse a una medida que reduzca sus ingresos garantizados.
A pesar de las dudas, el Gobierno nacional ve en esta reforma una oportunidad para alinear los intereses fiscales con el desarrollo económico regional, aunque su implementación dependerá de acuerdos políticos y técnicos de gran envergadura.
