Markarian: “Varias Cámaras están declarando inconstitucional la ley de movilidad”

La abogada previsionalista Florencia Markarian analizó el impacto en Radio UP, asegurando que son varias las Cámaras que están declarando la inconstitucionalidad de la ley de movilidad que regía en el gobierno anterior, luego de la pandemia. 

La Cámara Federal de Salta fue una de las últimas en pronunciarse, en un fallo que podría marcar un precedente importante para miles de jubilados y pensionados que vieron deteriorarse su poder adquisitivo entre 2021 y 2023.

“La Cámara de Salta ordena el reajuste del haber por el período 2021-2023 y reconoce que hubo una pérdida del 42% del poder adquisitivo, considerando un promedio entre el IPC y el RIPTE”, explicó la abogada especialista en derecho previsional Florencia Markarian, en diálogo con Radio UP, en el programa La Última Rosca.

Además, el fallo salteño declaró inconstitucional el tope máximo fijado por el organismo previsional. “En todos los casos se entendió que el régimen de bonos fue absolutamente discrecional. No había una pauta clara para establecer los valores y, además, no todos los jubilados cobraban lo mismo. Eso viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional”, sostuvo Markarian.

A pesar de las diferencias entre los fallos de Salta, Mar del Plata y Mendoza, se consolida una tendencia judicial favorable a los beneficiarios. Sin embargo, aún se espera una definición por parte de la Corte Suprema. Respecto a la fórmula actual, la Abogada valoró el cambio: “Hoy rige un decreto que ajusta mes a mes según la inflación. Es una fórmula mejoradora comparada con la anterior, que actualizaba cada tres meses y llegaba tarde, con los aumentos totalmente licuados por la inflación”.

Cuánto demoran hoy los juicios de reajuste

''Hoy en día están demorando tres o cuatro años para cobrar el reajuste más el retroactivo. Sin embargo, eso es prácticamente la mitad del tiempo que demoraban antes que eran entre 8 a 10 años, y tiene que ver con que ahora todo es digital”, detalló Markarian.

La Especialista explicó cómo funcionaba el procedimiento antes de la digitalización: “Uno tenía que irse hasta el archivo del organismo previsional en provincia de Buenos Aires, buscar el expediente, marcar las hojas, mandarlas a fotocopiar, esperar que las encontraran. Además, presentar los escritos en tribunales, llevarlos a ANSES… todo demoraba muchísimo más”.

Recordó que en 2019 comenzó un proceso de digitalización, pero fue la pandemia en 2020 la que obligó a completar esa transformación: “Nos obligó a todos a modernizarnos y digitalizar todo. Hoy los escritos se suben directamente al sistema judicial, y la documental se obtiene por la web. Eso acortó notablemente los plazos”.

La especialista también destacó la agilización de los procesos gracias a la digitalización: “Antes del 2020, todo se hacía en papel, se iban a buscar expedientes al archivo en Provincia de Buenos Aires, se fotocopiaban documentos. Hoy todo se sube a la web del Poder Judicial. Aun así, el reajuste puede demorar tres o cuatro años”.

Respecto a quienes pueden iniciar juicio por reajuste comentó que todos aquellos se jubilaron entre 2020 y 2024, período en el que rigió la fórmula ahora cuestionada, pueden iniciar como  así también pueden hacerlo quienes iniciaron el reclamo antes. Lo importante es verificar si hubo pérdida y cuánto se dejó de cobrar .

Y agregó: “Incluso quienes se están jubilando ahora, en 2024 o 2025, con la nueva fórmula de actualización mensual por inflación, también deberían reclamar. Porque el primer haber que se paga está por debajo de lo que correspondería”. “Los jubilados se ven obligados a iniciar juicio desde el primer mes que cobran. Eso no debería pasar”, sentenció.

¿Vuelve la ley 27.705?

Respecto del tratamiento legislativo sobre la reinstalación de la ley de moratoria jubilatoria 27.705, Florencia manifestó: “Hace unas semanas se dijo que no estaban dadas las condiciones económicas ni siquiera para aumentar el bono de 70.000 pesos. Entonces veo difícil que se apruebe nuevamente la moratoria”.

Recordó que esta ley fue pensada como un régimen transitorio: “Las moratorias nacieron para quienes les faltaban unos años de aportes. Pero en Argentina esa excepcionalidad duró 20 años”.  Más allá del posible rechazo legislativo, aclaró que “hay opciones vigentes”: Para quienes aún no llegaron a la edad jubilatoria, la ley permite comprar años de aportes con anticipación. Para quienes ya tienen la edad pero no los aportes, existe el acceso a una PUAN (Prestación Universal para el Adulto Mayor). Y además, sigue vigente otra moratoria para quienes nacieron antes de 1975, con un costo muy inferior: “Son aportes que están debajo de los 200 pesos por mes, mientras que la de la 27.705 ronda los 30.000 pesos mensuales”.

Consultada sobre si el Estado argentino está en condiciones de garantizar haberes dignos, la Abogada fue contundente: “Está difícil. Los jubilados están mal hace décadas. Hay una deuda histórica con ellos”.

Si bien valoró el decreto que hoy actualiza los haberes mensualmente según el índice de inflación, advirtió: “¿Podría mejorarse? Claro que sí. Pero el propio presidente mencionó que antes de una reforma previsional, es necesario corregir lo laboral”. Según la abogada, el gran problema es la informalidad laboral: “En Argentina, aproximadamente el 50% trabaja en negro. Esa es la raíz de tantos años de moratorias. Si todos tuvieran trabajo registrado, la mayoría llegaría a los 30 años de servicios sin ayuda del Estado”.

Y añadió: “La gente trabaja en la informalidad porque no le queda otra. Tiene que pagar la casa, ayudar a la familia, afrontar enfermedades. No puede darse el lujo de rechazar un empleo no registrado”.

Te dejamos la entrevista completa: