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La falta de serenos en el buque MV Ceci, tras un decreto del Gobierno que tornó optativa su contratación, abrió una línea clave en la investigación por el ingreso de casi 500 kilos de cocaína. El gremio alerta sobre los riesgos de la medida y denuncia desempleo sin indemnización para 500 familias.
El hallazgo de cerca de 500 kilos de cocaína en el buque MV Ceci en el puerto de San Lorenzo desató una investigación federal que ya tiene en la mira a una decisión administrativa del propio Gobierno Nacional: el decreto 37/2025, que eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques mientras las embarcaciones estén en puerto.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, habilita a las navieras internacionales a prescindir de estos trabajadores que, históricamente, fueron una barrera clave para evitar delitos como el contrabando o el ingreso de sustancias ilegales.
Según fuentes cercanas a la investigación, una de las principales hipótesis apunta a que la cocaína fue embarcada a través de una lancha por el lado del agua, en un momento de mínima vigilancia. El hecho de que el MV Ceci no contara con sereno en ese momento fortaleció la sospecha de que la droga pudo haber ingresado camuflada entre provisiones o insumos, sin ser supervisada.
Una función de control que se volvió optativa
Antes del decreto, los serenos de buque cumplían funciones de vigilancia activa las 24 horas durante la estadía del barco en puerto, con especial atención en la carga de suministros y movimientos irregulares. Ahora, cada naviera puede decidir si desea contar con ese personal o no. Y en los últimos tres meses, según denunció el gremio del sector, "es mínimo el número de barcos que solicitaron sereno".
"Si hubiese habido sereno en el MV Ceci, una de sus tareas clave habría sido justamente supervisar las provisiones que ingresaron al buque", expresaron desde la asociación que nuclea a estos trabajadores, hoy sin empleo y sin indemnización.
Sin costo para el Estado, pero con alto costo social
Desde el gremio también cuestionaron el argumento oficial del "equilibrio fiscal" como justificación del decreto. “Nuestros salarios están contemplados dentro del costo operativo que paga la naviera, no representa ningún gasto para el Estado. Al contrario: implica divisas que ingresan al país”, señalaron.
"Somos unas 500 familias que quedamos en la calle. No decimos que el decreto haya sido promulgado con intención de facilitar el contrabando, pero su desacierto comienza a ser evidente", agregaron.
Mientras tanto, la Justicia avanza para determinar cómo ingresó la cocaína y si hubo connivencia interna o fallas deliberadas de seguridad. Pero el dato está sobre la mesa: la flexibilización en los controles portuarios podría haber abierto una peligrosa brecha en la cadena de prevención del narcotráfico.
