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En un hecho del que hay muy pocos antecedentes en el país, la jueza Correccional y de Menores Nº1 Marcela Leiva (hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia Cristina Leiva), llevó a juicio oral a dos directivos de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) A de Misiones, imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”.
En este sentido, Radio Up dialogó con Leandro Sánchez, secretario general de UTEM-FTEL, quien denunció errores formales en el expediente, señaló el carácter político de la acusación y reafirmó la legitimidad del reclamo docente.
https://soundcloud.com/radioup-671297760/leandro-sanchez“Estoy firmando la citación policial y me viene con un domicilio erróneo”, dijo Leandro Sánchez al inicio de la entrevista. “No sé cómo tienen mal el domicilio, si en realidad yo vivo en Oberá. Me la llevaron a la calle San Luis”, detalló. Pero no fue la única irregularidad: “En el papel anterior que me mandaron, hablan de Udnam. No somos de Udnam”.
Sánchez calificó a la causa como “una vergüenza” y apuntó directamente contra el accionar judicial: “Se supone que la policía tiene inteligencia y que tiene informaciones, pero evidentemente está con una manga inútil como la justicia, hace cualquier cosa”.
La acusación contra el dirigente sindical radica en un supuesto incumplimiento de una orden de desalojo durante una protesta realizada el año pasado sobre la avenida Uruguay. Sin embargo, Sánchez explicó que el grupo acató la orden y que cuando se retomó la medida, él y otros referentes estaban en una reunión en otra ciudad: “Acatamos la orden del juez, pero advertimos que si no había respuesta, íbamos a volver a la calle. Mientras estábamos en Eldorado, se hizo una asamblea en Posadas y se decidió volver a ocupar la avenida. Esa es la causa”.
Lo que más molestó al dirigente es que, a pesar del carácter colectivo de las decisiones, él y otra referente, Mónica Gurina, fueron señalados individualmente: “Nos indican como dos capangas, como dos jefes, cuando en realidad todo se define en asamblea, a mano alzada, en espacios abiertos donde cualquiera puede participar. Incluso la policía asiste y escucha”.
La causa judicial se origina en hechos ocurridos en junio, en un contexto de negociaciones inconclusas y demandas insatisfechas: “Pedimos mejores salarios porque no alcanza para todo. Más plata para el comedor porque los pibes no pueden comer con 380 pesos por día. Mandan la mitad para la jornada simple y con eso quieren que los chicos tengan leche y una galleta”.
Sánchez vinculó el proceso judicial a una estrategia de intimidación política: “Totalmente tiene que ver con los tiempos políticos. Me traen la citación justo cuando los compañeros se están juntando en la plaza. Es para que todos vean, es para asustar. Pero no vamos a retroceder ni un paso”.
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Consultado sobre el desarrollo del juicio previsto para octubre, denunció además que varios testigos no fueron notificados: “Conozco a algunos docentes, al resto no. Ayer le pregunté a dos y no les llegó nada”.
La jornada en que fue entrevistado lo encontró en la Plaza San Martín, donde se desarrollaba una nueva asamblea: “Seguramente vamos a conversar, hacer un acto, y veremos cuáles son los próximos pasos”.
Para Sánchez, la causa judicial forma parte de una ofensiva mayor contra el reclamo docente en Misiones: “Nos hablan de esa ‘tierra sin mal’ donde parece que no pasa nada. Pero nuestro pueblo está sufriendo muchos males”.
Mientras la economía repunta levemente, la industria nacional operó a menos del 60% de su capacidad instalada.https://t.co/iPmiL7WGFz pic.twitter.com/EGsY5GAvV5
— RadioUp (@radioup955) April 23, 2025
