Lo reveló Kiki Ramírez, referente del Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen, tras hacerse públicas las denuncias de la comunidad Takuapí Mirí, ubicada en Colonia Mado, sobre la devastadora tala ilegal en al menos 100 hectáreas del territorio mbya. Según Ramírez, en Misiones no se cumple la ley de bosques 26.331/07 y actualmente, se entregan carpetas para la restitución de tierras a las aldeas mbya (ley 26.160) sin el artículo que “reconoce la posesión pública, actual y tradicional de la comunidad”.
El pasado 26 de agosto, la comunidad mbya Takuapí Mirí de Colonia Mado denunció ante las autoridades del Ministerio de Ecología, que una empresa privada -que ya estaría identificada- ingresó en sus tierras sin autorización y con motosierras y maquinaria pesada taló árboles en, por lo menos, 100 hectáreas de las 558 que componen su territorio según está asentado en el relevamiento que dispone la ley nacional 26.160. Sin embargo, el Ministerio que preside Victor Kreimer y la Dirección de Asuntos Guaraníes que conduce Norma Silvero, serían parte del problema que aqueja a esta y otras comunidades mbya, según se desprende de lo que planteó la referente del Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (Emipa), Kiki Ramírez, quien señaló a Radio Up 95.5 que la cartera no tiene en cuenta a las comunidades al momento de dar los permisos de tala y que, de hecho, sólo intervienen después de consumado la destrucción de los montes.
En diálogo con este medio, Ramírez aclaró que la comunidad Takuapí Mirí está censada en el marco de la ley de Emergencia Territorial Indígena (nro. 26.160), pero esto no impidió la tala ilegal. “Es un territorio que relevó la comunidad Ysyry y adentro de ese territorio está viviendo esta comunidad. Ellos tienen en claro que están dentro de este relevamiento. Saben bien en qué lugar del mapa se está dando este desmonte”, comentó Ramírez.
Y añadió: “Allí radica la gravedad del hecho, porque Ecología sabe muy bien que tiene que consultar a la comunidad cuando se otorga un aprovechamiento forestal, que en este caso no fue tal, si no, fundamentalmente una tala raza en el territorio indígena”.
“Es decir, ninguna acción puede hacer Ecología, cuando se afecta a las comunidades, hacer un permiso, una carpeta, algo a las empresas forestales, sin que haya una consulta previa a las comunidades indígenas. Ahí está el error más grande del Estado: no haber hecho la consulta”, insistió Ramírez.
Asimismo, según la activista por los derechos indígenas, es grave que el ministerio permitiera una destrucción “de esa manera en un territorio que la comunidad estaba ocupando, un territorio donde la comunidad Takuapí Mirí desenvolvía su vida, con todas sus costumbres, su alimentación, su medicina. Lo que en este momento siente la comunidad es una gran desolación debido a la tristeza que le produce ver de pronto en tan pocos días ver su horizonte de selva a convertirse en un campo pelado, donde las escolleras, es decir, todo el ramaje de los árboles, están puestas en filas para ser quemadas”.
Consultada respecto de si en Misiones se cumple la ley 26.331 que protege los bosques y los clasifica por su nivel de conservación, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas, Ramírez consideró que no es así, por lo que el caso denunciado por Takuapí Mirí, no es un hecho aislado.
“La ley nacional de bosques obliga a los Estados a consultar a las comunidades (indígenas) o a campesinos, cuando están afectadas por algún programa de forestación. Eso lo más fuerte de esta ley, obligar a los Estados a que hagan consultan. Pero muchas veces no se cumplen. Siempre (intervienen) cuando ya han iniciado la tala. Es decir, ahí viene el reclamo de las comunidades: se encuentran con que están talando su territorio y no hubo consulta previa”, denunció Ramírez.
Y amplió: “En algunos casos se detiene la forestación para hacer la consulta, pero ya está deforestado, ya comenzó la deforestación. Es muy raro que esa consulta ocurra en el tiempo justo, en el tiempo adecuado, en el tiempo como marca la ley, que debe ser previa (a la tala). Y siempre es porque las comunidades terminan reclamando y exigiendo. A veces exigir implica poner el cuerpo delante de las máquinas. Después de eso recién viene el parate (de la tala), digamos, para que se haga esa consulta”, sostuvo Ramírez.
En cuanto a si Ecología tiene en cuenta a las comunidades antes de definir la explotación forestal, Ramírez insistió en que esto “nunca” ocurre. “Porque por lo menos hace unos años atrás ellos (por el Ministerio de Ecología) habían establecido arbitrariamente que mil metros la redonda de la comunidad, estará afectado por una tala. Y fuera de ese espacio, los madereros pueden actuar con toda libertad. Pero es una mirada muy de los funcionarios, porque los indígenas tienen otra visión, otra ocupación del territorio que no se respeta”, enfatizó la activista.
En esta línea, Ramírez enfatizó que el relevamiento territorial dispuesto por la ley nacional 26.160 “de algún modo refleja esa ocupación indígena que es la que se debería tener en cuenta. Para eso se demarcó esa ley, para demostrar cuál es el territorio que afecta a la comunidad. Y eso es lo que no se respeta”, consideró la referente del Emipa.
Con relación al cumplimiento de la ley 26.160, Ramírez detalló a Radio Up 95.5: “Estos años se estuvo trabajando en el relevamiento, ese contrato terminó. En ese contrato estaba previsto hacer el relevamiento en 40 y pico comunidades. A ese número no se llegó, en este momento está todo parado”, precisó Ramírez sobre la situación de las más de cien comunidades mbya de Misiones.
Pero, además, Ramírez reveló que se estaría dando una grave irregularidad en el marco de la ley 26.160. “Lo que últimamente se hizo fue entregar algunas carpetas (de reconocimiento de tierras) que estaban atrasadas, algunas carpetas técnicas con alguna falencia importante, porque no incluye un artículo donde se reconoce la posesión pública, actual y tradicional de la comunidad, que es lo más fuerte de una carpeta técnica. Es el reconocimiento de lo que es posesión tradicional de la comunidad. Y las carpetas hoy en día se están entregando sin ese artículo”, puntualizó la activista.
“En cuanto a tierras, el gobierno de la provincia de Misiones, lo que hizo fue resolver algunos lotes muy cercanos a la comunidad, me refiero a las casas y las chacras, pequeñas parcelas de chacras que tienen ellos. Han resuelto en algunas comunidades de la zona de Mado, pero no significa de ningún modo reconocer el territorio”, aclaró Ramírez, señalando que sólo se dio un reconocimiento pleno del territorio en tres comunidades.
Por otra parte, surgido el conflicto entre los indígenas mbya de la comunidad Takuapí Mirí y una empresa -que sería Macovalle-, la Dirección de Asuntos Guaraníes no se contactó con la comunidad. “La verdad es que no tenemos costumbre de acudir a Asuntos Guaraníes. Si bien es el órgano de aplicación de la provincia, ya sabemos que la Dirección cuando hay problema territorial no se mete. No se mete en absoluto y por lo general, esta Dirección siempre se pone de lado de la empresa, defendiendo los intereses de los aparentes propietarios registrales y no del lado de las comunidades. Así que, directamente nosotros cuando es tema territorial, no nos dirigimos a Asuntos Guaraníes. Nunca resuelven ese tema de tierras”, explicó Ramírez.
En esta línea, Ramírez puso de relieve que Asuntos Guaraníes “no juega ningún papel”, al momento de la defensa territorial de los mbya. Si juega un papel, la Dirección, es “de opositor o de indiferencia o de silencio” frente a los conflictos “y ya sabemos que eso no significa que están a favor de las comunidades. A veces incluso lo que hacen es, medio por debajo, decir a las comunidades que no tienen que reclamar muchas tierras, que tienen que conformarse con poca tierra. Eso es lo que a veces ellos (los mbya) comentan que les dicen (desde Asuntos Guaraníes)”, remarcó.
Por último, Ramírez insistió en que este funcionamiento de la Dirección no cambió con la salida del ex titular, Arnulfo “Miki” Verón. “En el fondo, la política indígena no ha cambiado. ‘Miki’ Verón y (la actual directora) Norma Silvero, son dos personas muy diferentes, pero la política de fondo, es la misma, no hay ningún avance. Quizás el tipo de relación sea diferente porque bueno, con Norma yo puedo hablar, puedo conversar, pero nada más. A veces se le pide soluciones más pequeñas, como la personería jurídica de las comunidades, o algún reclamo de algo más pequeño, pero nada más”, sentenció.
