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En la antesala del tercer paro general contra la administración de Javier Milei, la zona del Congreso se convirtió este miércoles en el epicentro de una nueva protesta social. Como cada semana, jubilados y pensionados se movilizaron para reclamar una recomposición urgente de sus haberes.
Esta vez, sin embargo, estuvieron acompañados por dirigentes y columnas de la CGT, las CTA y otros sindicatos, en una antesala caliente al paro convocado para este jueves. El operativo de seguridad desplegado en la zona fue imponente, especialmente después de la tensión generada por la represión en la marcha del pasado 12 de marzo.
En esa oportunidad, la protesta terminó con heridos, detenidos y destrozos, tras una fuerte intervención de las fuerzas federales. Para esta jornada, el juez Roberto Gallardo prohibió expresamente su participación, tras un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN. La medida judicial dejó la seguridad del operativo en manos del Gobierno porteño, lo que desató una fuerte reacción del Ministerio de Seguridad, que denunció al magistrado por supuesta intromisión en la división de poderes.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se metió en la discusión con críticas dirigidas al sindicalismo. "Nadie destruyó tanto el poder adquisitivo como Alberto Fernández, a quien no le hicieron un solo paro", apuntó, y agregó que “este es el tercer paro que la gente rechaza, aborrece y confirma lo que detesta el sindicalismo argentino”.
La manifestación se desarrolla con tensión creciente, no solo por la presencia policial sino también por la discusión política que la rodea. El Gobierno intenta minimizar el impacto del paro y desacreditar a los gremios, mientras los sectores movilizados denuncian un ajuste que golpea con dureza al poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados.
