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Además de Belliboni, son 17 los imputados, en el marco de una investigación por defraudación al Estado y presuntas extorsiones a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado dio por concluida la etapa de instrucción y giró el expediente a sorteo de Tribunal Oral. La causa abarca hechos ocurridos entre junio de 2002 y marzo de 2024, cuando, de acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados habrían montado "una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar" a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica.
Además de la extorsión, la investigación incluye el presunto desvío de unos 50 millones de pesos a través de facturas apócrifas que buscaban justificar el uso de fondos públicos destinados a programas sociales.
Los cargos que enfrentan Belliboni y los demás imputados son “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.
La causa se inició a fines de 2023, tras la habilitación de una línea telefónica (134) por parte del gobierno nacional, para recibir denuncias anónimas sobre irregularidades vinculadas a planes sociales, como la exigencia de entregar parte del dinero cobrado o la obligación de asistir a movilizaciones.
Entre los procesados también figuran Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, todos ellos acusados por su participación en la presunta maniobra fraudulenta.
