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Apenas 39 días después de haber asumido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manuel José García-Mansilla estaría por presentar su renuncia al máximo tribunal, tras el rechazo de su pliego en el Senado y las crecientes presiones políticas y judiciales que pusieron en duda la legitimidad de su nombramiento.
Designado el 25 de febrero por el presidente Javier Milei mediante un decreto durante el receso legislativo, García-Mansilla juró en el cargo el 27 del mismo mes. Sin embargo, su incorporación fue fuertemente cuestionada por haber sido realizada sin el aval de la Cámara Alta, como exige la Constitución Nacional. El jueves pasado, su postulación fue rechazada por una abrumadora mayoría: 51 senadores votaron en contra y solo 20 lo hicieron a favor.
Desde el entorno judicial dan por hecho que la renuncia se oficializará en las próximas horas. Aunque el Gobierno nacional insiste en sostener su designación y ha presentado un recurso per saltum ante la propia Corte para revertir una medida cautelar que le impide ejercer el cargo, la continuidad de García-Mansilla parece cada vez más inviable.
El juez federal Alejo Ramos Padilla había ordenado que García-Mansilla se abstuviera de firmar nuevos fallos, luego de una impugnación presentada por juristas que consideraron inconstitucional su designación. A pesar de ello, desde su asunción, el juez firmó 215 fallos.
García-Mansilla, abogado y académico de perfil conservador, había asegurado en su momento que no aceptaría un cargo por decreto. Sin embargo, terminó haciéndolo bajo el argumento de la constitucionalidad del procedimiento, lo que generó controversia incluso dentro del propio Poder Judicial.
Con su salida, la Corte volvería a estar conformada por tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. También quedó trunca la incorporación de Ariel Lijo, cuya postulación fue igualmente rechazada por el Senado y nunca llegó a asumir el cargo.El escenario refleja una nueva instancia de tensión institucional entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en un contexto de debate sobre los límites de los nombramientos “en comisión” y el rol de los decretos en el funcionamiento de las instituciones.
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Fuente: (Infobae)
