Los jubilados volverán a marchar mañana hacia el Congreso acompañados por militantes de partidos políticos opositores al Gobierno, luego de los graves incidentes ocurridos la semana pasada con un saldo de heridos y cientos de detenidos.
Si bien no estaba del todo claro si mañana habrá presencia de hinchas de fútbol -«barrabravas», según indicó el Gobierno-, sí concurrirán sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas ligadas al kirchnerismo y la izquierda.
Como cada miércoles, los jubilados piden una mejor remuneración ante los casi 280.000 pesos que perciben del haber mínimo, que son el 70 por ciento del total.
En ese marco, sectores opositores aprovecharon para plegarse y meter presión a la Casa Rosada en el año electoral, luego del tropiezo que había sufrido la gestión libertaria con el escándalo de la criptomoneda $Libra.
Este miércoles 19, mientras se realice la manifestación, en el Congreso se llevará a cabo una sesión en Diputados en la que el oficialismo buscará aprobar el DNU del acuerdo del Gobierno con el FMI.
«Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia», señaló Rodolfo Aguiar, titular del sindicato de estatales ATE, uno de los convocantes a la marcha.
De hecho, los trabajadores de ese gremio abandonarán sus puestos de trabajo desde las 12 para concurrir a la movilización frente a la sede parlamentaria.
Operativo de seguridad
Por parte del Gobierno, los principales actores a cargo de la seguridad protagonizaron una cumbre para coordinar el operativo que se desplegará en las inmediaciones del Congreso.
Para eso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, en el despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el primer piso de Casa Rosada.
Según trascendió, el operativo de seguridad que se desplegará en las inmediaciones del Congreso será similar al del último miércoles y contará con la participación de mil efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Tras la marcha de la semana pasada, el Gobierno denunció penalmente por los delitos de «sedición», «atentado al orden constitucional» y «asociación ilícita agravada» a los organizadores, mientras que recusó a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos pocas horas después de los incidentes.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó de «golpe de Estado» a la última movilización de los jubilados y aseguró que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad durante la marcha fue «un accidente no previsto».
